Consulta previa domina el debate en Ecuador

El plazo de un año otorgado por la Corte Constitucional de Ecuador a la Asamblea Nacional para despachar la ley de consulta previa expira en noviembre.

Esta exigencia cumple con la disposición constitucional vigente desde 2008 para los proyectos extractivos de recursos no renovables en territorios indígenas.

A falta de solo cinco meses para que se cumpla ese plazo, los expertos ven poco probable que los legisladores cumplan con el mandato del tribunal, en especial considerando que los políticos ya tienen la mira puesta en la campaña para las elecciones presidenciales y legislativas de febrero.

Según la Corte Constitucional, la consulta previa constituye un derecho colectivo y un mecanismo de diálogo intercultural para la adopción de decisiones que puedan afectar a los miembros de la comunidad indígena y debe considerar las afectaciones ambientales y culturales en sus tierras o áreas de influencia.

En mayo, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, presentó un proyecto para regular el proceso de consulta previa, libre e informada, pero no ha logrado avances en la legislatura.

El martes 2 de julio, la mayor organización indígena del país, Conaie, planea presentar a la Asamblea su propio proyecto de consulta previa.

Tradicionalmente, Conaie se ha opuesto a las actividades petroleras y mineras y su proyecto de consulta previa contemplaría la obligatoriedad del consentimiento de las comunidades indígenas para los proyectos extractivos.

La ley de consulta previa es una deuda pendiente que tiene el Estado, pues ya estaba contemplada en la Constitución de 1998, que precedió a la actual.

La consulta debe adherir a los parámetros de las leyes nacionales, así como los que rigen el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en lo referente a la protección de los pueblos indígenas.

En un foro sobre el tema realizado por la Cámara de Minería de Ecuador y el Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito, los panelistas coincidieron en que la ley de consulta previa, libre e informada debe regular las actividades extractivas, pero también tomar en cuenta la interacción social de los proyectos con las comunidades indígenas.

En el foro, Juan Francisco Guerrero, abogado experto en derecho constitucional, señaló que el proceso de consulta previa no puede ser una imposición estatal, pero tampoco de una comunidad.

“El Estado no puede ir a territorio con una decisión preadoptada. En la consulta debe involucrar a las comunidades en el proceso de toma de decisiones, entregar suficiente información y posibilitar que participen en ese proceso”, señaló Guerrero.

El abogado destacó que las normativas internacionales hablan de dos casos muy puntuales en los que se requiere el consentimiento de las comunidades: cuando el proyecto implica un desplazamiento completo de la comunidad o cuando hay un depósito de desechos tóxicos en territorios de la comunidad.

Andrés Martínez, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito, planteó que la ley y la Constitución de Ecuador incorporan en su ordenamiento jurídico una serie de tratados internacionales en materia ambiental.

Señaló que por eso la resistencia de los movimientos sociales, que antes se hacía en las calles, ahora se ha trasladado a las cortes, donde se presentan una serie de recursos legales, sobre todo acciones de protección.

Martínez también recalcó la necesidad de obtener lo que denominó una licencia social de las comunidades, es decir, un compromiso de buena vecindad.

Llamó a la sociedad ecuatoriana a establecer parámetros de gobernanza de recursos naturales a través de acuerdos básicos que definan qué tipo de explotación de recursos naturales debe hacerse y dónde.

Añadió que a muchos en el país les interesa que no haya ley, porque cuando no hay regulación se usan otros mecanismos para resistir.

Mientras tanto, María Cristina Puente, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Derecho Forestal y Ambiental, señaló que, cuando la consulta no se limita a la autorización y tiene una visión integral con la lógica del desarrollo sostenible anclado al territorio, a la planificación nacional y local, se pueden mitigar los riesgos y conseguir mejores resultados.

Adriana Rodríguez, académica de la Universidad Andina Simón Bolívar, consideró que, de aprobarse el proyecto presentado por el presidente de la legislatura, se tendrá en las calles al movimiento indígena, "porque la crisis de correspondencia del Estado con los derechos colectivos no ha sido saldada".

Los recursos de protección en Ecuador han afectado a diversos proyectos, en especial a los mineros. Según expertos, junto con los actos de violencia, seguirán siendo herramientas que utilizarán los activistas para frenar las iniciativas.