Corte Suprema refuerza control de Brasil sobre minería ilegal de oro

La Corte Suprema de Brasil decidió poner fin a una regulación de larga data que flexibilizaba el control de las ventas de oro, decisión que es clave contra la minería ilegal y en apoyo a las operaciones legales.

Desde este momento, todas las transacciones de oro en Brasil requerirán una factura formal, verificada por la autoridad fiscal, para confirmar el verdadero origen del metal.

Hasta 2023, las empresas e incluso los particulares podían vender oro bajo una autodeclaración de su origen. Se trataba de una laguna que permitía afirmaciones falsas y facilitaba el comercio del metal extraído ilegalmente.

En 2023, tras una petición de los partidos políticos Rede Sustentabilidade y el socialista PSB, un magistrado de la Corte Suprema emitió un fallo preliminar que prohibía esta práctica. Ahora, la mayoría de los magistrados votaron a favor de eliminarla, según informó a BNamericas un portavoz del tribunal.

"Tenemos que celebrar. Con esta decisión, la Corte Suprema pone fin definitivamente a la presunción de buena fe, mecanismo que permitía el comercio de toneladas de oro ilegal en el país, protegiendo a los responsables del castigo", indicó Larissa Rodrigues, directora de investigación de la ONG de sostenibilidad Instituto Escolhas.

Añadió que la presunción de buena fe creó el delito perfecto. Los mineros ilegales afirmaban que su oro tenía un origen legal, y las compañías compradoras fingían creerles. Con ello era casi imposible responsabilizar a alguna persona o empresa, ya que se consideraba que todas las transacciones se realizaban de buena fe, añadió.

Según Rodrigues, desde la sentencia preliminar de 2023, la producción de oro procedente de minas ilegales se ha desplomado.

Se estima que las minas ilegales explotaron 31 t de metal amarillo. Un año después, bajo la orden preliminar, este volumen se redujo 45 %, a 17 t.  Según los datos más recientes de Instituto Escolhas, de enero a julio de 2024, la producción de minas ilegales fue 84 % más baja que durante el mismo período de 2022.

El fallo de la Corte Suprema también fue bien recibido por las principales empresas de oro y se espera que facilite una mayor inversión en el sector.

La minería aurífera ilegal está directamente relacionada con la deforestación y tiene lugar en zonas forestales protegidas, en especial en la selva amazónica.

Además de dañar la reputación de las compañías legítimas, muchas operaciones mineras ilegales están controladas por organizaciones criminales que se han expandido en los últimos años y que han comenzado a amenazar a las minas de oro que operan acatando la ley.

"Esta decisión judicial es un paso esencial, aunque necesitaremos tiempo para ver si la ley se aplica efectivamente. No obstante, es probable que el impacto sea muy positivo para las empresas que operan de manera legal, ya que les ayudará a atraer más inversores", señaló Paulo Guilherme Coimbra, socio y director de infraestructura, energía y recursos naturales de la consultora KPMG en Brasil.

"Cuando la actividad ilegal está muy extendida, como ocurrió en el sector del oro, aumentan los riesgos para los inversores, incluidos aquellos que operan dentro de la ley", añadió Coimbra.

Los esfuerzos para mejorar la transparencia en el sector atraerían mayor inversión. Los proyectos auríferos generarían inversiones por US$ 2.149 millones en inversiones entre 2025 y 2029, frente a los US$ 1.542 millones previstos para el período 2024-2028, según la cámara minera Ibram.

La asociación celebró el fallo de la Corte Suprema como una victoria para la industria, pero enfatizó la necesidad de una supervisión constante.

"Aun con esta victoria en la Corte Suprema, las autoridades deben mantener una fiscalizacion extrema sobre la comercialización de oro y otros minerales para evitar que estas actividades financien la delincuencia, como ocurre en la Amazonia con la minería ilegal, algo que Ibram condena enérgicamente", declaró su presidente, Raul Jungmann.