Crecimiento de minería ilegal aumenta presión sobre política ambiental de Brasil

La actividad minera ilegal ha estado expandiéndose en Brasil, al tiempo que la administración del presidente Jair Bolsonaro enfrenta una creciente presión por sus políticas ambientales.

La minería ilegal se ha extendido a nuevas regiones de la cuenca amazónica, incluso ha vuelto a áreas mineras que se habían abandonado hace más de una década.

Solo en abril y mayo se abrieron 562ha para la extracción de oro en la cuenca del río Xingu en la región amazónica, según la ONG Instituto Socioambiental. Eso significó la deforestación de unas 22.000ha para facilitar las operaciones mineras.

La expansión de la minería, principalmente relacionada con la exploración de oro, se produce al aumentar los precios de los metales preciosos en los últimos meses y mientras el gobierno presiona a los legisladores para que aprueben un proyecto de ley que posibilite la exploración en tierras indígenas.

"Hay una falta de respeto por las áreas protegidas, incluso sin cambiar la ley. En Xingu hay un nuevo estímulo para explotar oro", advirtió Vivian Rojas, abogada y coordinadora del Programa Xingu de la ONG, en un comunicado.

Aunque la exploración en tierras indígenas no está permitida, se están llevando a cabo actividades ilegales mientras el gobierno contempla relajar ciertas regulaciones para que la industria minera crezca. Tanto mineros como agricultores tienden a anticiparse a las intenciones del gobierno y seguir adelante con las nuevas actividades económicas, particularmente cuando la supervisión en áreas remotas es tan laxa.

La exploración ilegal genera brotes de covid-19 entre pueblos indígenas y contamina ríos con mercurio, utilizado para extraer oro. "Con la propagación del covid-19 en todo el país, la invasión de tierras indígenas y áreas protegidas representa una doble amenaza: el contagio de pueblos indígenas y la destrucción del bosque", afirmó la ONG.

Unos 38 líderes de grandes compañías nacionales e internacionales firmaron una carta dirigida al Gobierno Federal en que le solicitan que combata la deforestación desenfrenada, según el periódico Valor Econômico.

Los máximos ejecutivos de Shell, Vale, Cosan, Marfrig, Cargill, Itaú, Bradesco y Banco Santander fueron algunos de los que firmaron la carta.

MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE EN LA MIRA

El Ministerio Público Federal pidió la salida del ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles.

"Ricardo Salles promovió la desestructuración de políticas ambientales y el cambio de preceptos legales para favorecer los intereses que no guardan relación con la finalidad del cargo que ocupa. El proceso de desestructuración del sistema de protección ambiental brasileño fue realizado por actos, omisiones y discursos", explicaron fiscales en un comunicado del Ministerio Público.

Salles ha estado bajo presión desde mayo, después de que la Corte Suprema ordenara la publicación de un video grabado en una reunión de Gabinete de abril. En esa reunión, Salles dejó entrever que el gobierno debería eliminar las regulaciones y legalizar la deforestación y la explotación comercial de tierras mientras la ciudadanía está distraída en medio de la pandemia.