Decisión judicial sobre litio envía mensaje "alarmante" sobre concesiones en México

Las concesiones mineras en México podrían estar expuestas a la arbitrariedad legislativa y retroactividad legal después de que el máximo tribunal nacional reafirmó la exclusividad del Estado en la explotación del litio a principios de diciembre, advirtió Andrés Abogado, socio ejecutivo de la firma especializada en derecho canadiense-mexicano Abolaw.

“La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso Grupo Bararal no solo reafirma la exclusividad del Estado sobre el litio, sino que manda un mensaje contundente y alarmante para la industria minera: ninguna concesión minera está a salvo frente a la arbitrariedad legislativa y la retroactividad de facto que está ocurriendo en México”, dijo Abogado a BNamericas. 

“Al invalidar derechos adquiridos bajo un marco legal previo, el gobierno está socavando la confianza jurídica esencial para cualquier inversión de largo plazo”, agregó.

El máximo tribunal de la segunda mayor economía latinoamericana desestimó por unanimidad un recurso promovido en 2022 por Grupo Bararal para impugnar la reforma a la Ley Minera de abril de ese año. 

La reforma sobre la nacionalización del litio, impulsada durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), declara este mineral y otros considerados estratégicos como de utilidad pública y reserva su explotación al Estado, prohibiendo concesiones a particulares.

La resolución judicial se basó en la “supremacía constitucional” y señala que, aunque se concediera el recurso respecto a los artículos de la Ley Minera, una reforma constitucional posterior prohíbe las concesiones relacionadas con el litio.

“Este precedente inquietante sugiere que cualquier concesión, incluso aquellas obtenidas legítimamente antes de la reforma, puede ser objeto de revocación, dejando a las empresas sin recursos ni indemnización adecuada”, explicó Abogado.

El jurista considera que, como consecuencia, “el mensaje para las mineras es claro: su inversión, tecnología y esfuerzo pueden ser confiscados sin advertencia bajo el pretexto de nuevas reformas”.

Abogado advirtió que México se está perfilando como un terreno de altísimo riesgo jurídico, donde los derechos privados ceden ante decisiones políticas imprevisibles. “En este contexto, las empresas deben cuestionar seriamente la viabilidad de operar en un país donde el Estado no respeta los contratos ni la estabilidad legal, fundamentales para cualquier inversión”, señaló.