Ecuador aborda gobernanza en la minería

Ecuador debe resolver sus problemas de gobernanza en el sector minero para cosechar todos los beneficios de su potencial geológico, plantearon expertos reunidos en Quito.

Un reciente estudio del Banco Mundial menciona el tema de la gobernanza, junto con los aspectos medioambientales y sociales, entre los principales desafíos para que la minería se convierta en trampolín para el desarrollo del país.

El organismo multilateral considera que Ecuador se beneficiaría con reformas que garanticen que los ingresos fiscales de la minería se destinen a fortalecer a las comunidades locales, que establezcan un proceso funcional de consulta y que mejoren el proceso de licenciamiento ambiental con mecanismos de salvaguardia adecuados e instituciones más sólidas que supervisen el sector.

Con apenas dos grandes minas inauguradas en 2019 y en producción comercial desde 2020, Ecuador logró el año pasado exportaciones mineras por más de US$3.200 millones, que incluyen la producción de ambos activos, la mina de oro Fruta del Norte y la de cobre Mirador, además del aporte de pequeñas mineras.

Una serie de proyectos de gran escala, que en los próximos años debiera significar la construcción de varias minas, hacen prever un futuro brillante para la industria. Sin embargo, expertos advierten que primero hay que lograr consensos, que parecen complicados en medio de la creciente oposición a operaciones extractivas por activistas ambientales y comunidades indígenas.

Para reducir la conflictividad, participantes del panel "Gobernanza en el sector minero: hacia una agenda minera al 2030", organizado por la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE), llamaron a mejorar la transparencia de información y a introducir reformas regulatorias que no solo garanticen certidumbre jurídica para los inversionistas, sino que también aseguren que los beneficios de los proyectos lleguen a las comunidades locales.

Ricardo Obando, gerente nacional de LoweLl, filial local de la canadiense Solaris Resources, identificó como desafío en particular entender que, para los recursos se conviertan en reservas, no solo se necesita una geología favorable, sino también que los proyectos se basen en la legitimidad, la transparencia y la gobernanza.

Solaris tiene en Ecuador el proyecto de cobre y molibdeno Warintza, considerado por la empresa canadiense un ejemplo de relacionamiento con la comunidad.

"Tras seis años de exploración, tenemos importantes resultados, producto del trabajo basado en minería participativa. No entendemos la minería desarrollada desde los centros geográficos y de control político del país. La minería a gran escala debe entenderse desde el desarrollo de los territorios, pues los proyectos no están en Quito o Guayaquil, están en las parroquias, en las comunidades indígenas", indicó Obando.

REFORMAS PARA FORTALECER LA ACTIVIDAD

El viceministro de Minas, Diego Ocampo, manifestó que está trabajando en una serie de actividades para fortalecer las capacidades operativas y lograr una gestión más eficiente. Estas incluyen reformas regulatorias para garantizar que las regalías mineras se destinen a los gobiernos locales para que puedan invertir en infraestructura y servicios.

El presidente Daniel Noboa ya dio un primer paso para fortalecer al sector minero en mayo, cuando mediante un decreto ejecutivo dispuso un plazo de 90 días para separar la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos no Renovables (ARCERNNR) en tres entidades: la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel), y la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH).

En materia de transparencia, Ocampo citó como ejemplo el contrato de explotación recién firmado con la australiana SolGold para Cascabel, mina de US$4.200 millones. Este incluye una cláusula que establece que el concesionario autoriza al Servicio de Rentas Internas y a otros organismos del Estado a compartir información de la empresa y el proyecto para cumplir con los requisitos de la Iniciativa de Transparencia de la Industria Extractiva (EITI), de la cual Ecuador es parte desde 2020.

"Soy el principal defensor de la minería en este país, pero también el principal defensor de los más altos estándares de cuidado ambiental y responsabilidad social", enfatizó Ocampo en el evento.

Según el director de EITI para Latinoamérica y el Caribe, Esteban Manteca, Ecuador deberá hacer una importante inversión en materia de información para cumplir con los estándares de transparencia, divulgar todos los contratos y facilitar el acceso a estudios de impacto ambiental, social y de género.

“Es crucial proveer continuamente información sobre los mecanismos de implementación del EITI. Si hay un solo velo de opacidad, se seguirá debilitando la confianza en la actividad”, señaló Manteca.

Durante el evento, el Ministerio de Energía y Minas y la UTE suscribieron un convenio para viabilizar el apoyo de la academia a mejorar la gobernanza del sector minero y gestar una hoja de ruta para la construcción de la agenda minera hasta 2030, lo cual permitirá elaborar proyectos conjuntos de investigación e innovación.