Ecuador intensifica lucha contra la corrupción en sector minero

Fiscales y efectivos de la Policía de Ecuador allanaron el martes oficinas del Ministerio de Energía y Minas y de la agencia reguladora Arcom en una medida que podría marcar un hito en el combate a la corrupción y corregir los problemas que afectan a la industria.

“La investigación en marcha y la orden judicial de allanamiento pone en perspectiva lo que sucede en el sector”, dijo a BNamericas el exviceministro de Minas Fernando Benalcázar.

Las sospechas de aprobación irregular de concesiones y vínculos con la minería ilegal han estado presentes durante años.

El operativo del martes forma parte de una investigación previa vinculada a supuestas irregularidades en el sistema de otorgamiento de concesiones y permisos de construcción de plantas de beneficio para pequeñas mineras.

Entre 2019 a 2014 se habrían emitido de manera irregular 652 concesiones mineras y se habría dado un crecimiento significativo en las plantas de beneficio. Muchas se encontrarían “procesando material aurífero sin verificar la trazabilidad y procedencia”, según consta en el expediente de la Función Judicial enviado a la administración provincial de Pichincha, que también corresponde a Quito.

En Ecuador el catastro minero está cerrado desde 2018, por lo que no pueden otorgarse concesiones a privados.

El expediente menciona también una falta de control en el otorgamiento de licencias y certificados de exportación “que generaría el blanqueamiento del material aurífero”.

El allanamiento, entre otros objetivos, buscaba extraer la información de los dispositivos de almacenamiento, equipos electrónicos y documentos para evitar que la evidencia se destruya o desaparezca.

Benalcázar asegura que la Policía debiera allanar también las oficinas de coordinación zonal del ministerio y de Arcom, pues las concesiones se manejan en las respectivas jurisdicciones.

El ministro de Energía y Minas, Antonio Goncalves, y la ministra del Interior, Mónica Palencia, respaldaron el operativo y ofrecieron facilidades para investigar y erradicar la corrupción.

“Esta es una oportunidad para, de una vez por todas, transparentar lo que está sucediendo en el sector minero”, dijo a BNamericas Diego Ocampo, quien se desempeñó como viceministro de Minas entre mayo y agosto pasado.

CONTROL

En agosto, tras denuncias de irregularidades en los certificados de exportación y cobro de coimas, el regulador local de energía y recursos no renovables, ARCERNNR, destituyó a 19 funcionarios de las unidades que controlan los sectores minero, hidrocarburífero y eléctrico. Además, resolvió que la aprobación de permisos de exportación de minerales se tramitara solamente en Quito y no en las oficinas provinciales.

Para endurecer el control, el gobierno de Daniel Noboa separó ARCERNNR en tres entidades: Arcom, la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel) y la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH).

La puesta en funcionamiento de las tres agencias debía finalizar en agosto, pero Arcom todavía tiene problemas de dotación de personal.

“¿A quién le conviene que no esté funcionando la Arcom y que esta no se fortalezca, sea tecnificada y cuente con personal idóneo? Conviene a la consolidación de la minería ilegal”, señala Ocampo, quien no descarta que el otorgamiento irregular de concesiones que ahora se investiga pudiera tener relación con la minería ilegal.

La investigación debería servir para transparentar todo e impulsar la implementación de una agencia de control robusta, que es una necesidad apremiante, añade Ocampo. El exfuncionario recuerda que cuando asumió el viceministerio encontró alrededor de 500 denuncias de minería ilegal que no habían sido atendidas.

Ocampo asegura que grupos de delincuencia organizada controlan la minería irregular en Ponce Enríquez, en la provincia de Azuay, y en las provincias de Imbabura, Esmeraldas y Napo.

Estadísticas del Viceministerio de Minas sugieren que la explotación ilegal de oro se realiza en 19 de las 24 provincias del país, lo que obligará a reforzar las capacidades de control y regulación.

Un reciente estudio de la consultora de riesgo político Prófitas concluyó que la minería ilegal se ha expandido por debilidades institucionales, corrupción, legislación ambigua y tardía, cierre del catastro minero, restricciones a las actividades formales, aumento de los precios de los minerales y proliferación de organizaciones criminales.