Ecuador libra dura batalla ante el avance incesante de la minería ilegal

La minería ilegal continúa en ascenso en Ecuador y la actividad delictual asociada —destrucción ambiental y extorsión— no solo debilita la seguridad pública, sino que afecta la reputación de los mineros formales.

Si bien los focos más preocupantes se concentran en Esmeraldas, Imbabura y Azuay, entre otras áreas, el Ministerio de Energía y Minas advierte que 19 de las 24 provincias del país sufren los efectos, que alcanzan incluso a zonas protegidas como el parque nacional Podocarpus, en la Amazonía.

Solo este año, la explotación minera ilegal ha impactado 420ha de la región del río Punino, entre las provincias de Napo y Orellana, con lo que la deforestación alcanza desde 2019 a la fecha 1.422ha, según un estudio del Proyecto de Monitoreo de los Andes Amazónicos (MAAP).

El MAAP es una iniciativa conjunta de la ONG Amazon Conservation, con sede en Washington, y la organización ecuatoriana Ecociencia, con apoyo de la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (Norad).

La proximidad de las operaciones mineras ilegales con las fronteras de Colombia y Perú facilita flujos transfronterizos esenciales para el comercio ilícito de oro, como el contrabando de explosivos, mercurio y armas, así como la migración de mineros ilegales, según el último estudio del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Organización de Estados Americanos.

Las redes transfronterizas facilitan el financiamiento irregular y el intercambio de técnicas y conocimiento entre mineros ilegales y blanqueadores de dinero, según el estudio.

De acuerdo con una investigación del medio ecuatoriano Código Vidrio, las actividades mineras ilegales son la principal fuente de ingresos para grupos del crimen organizado, como la temible banda local Los Lobos, considerada un brazo del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación.

Código Vidrio señala que Los Lobos controlan 20 minas de oro y 40 grupos de mineros ilegales directamente, y extorsionan a empresas que tienen concesiones en 30 minas más, con lo que se embolsan US$3,6 millones al mes.

La presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería de Ecuador, María Eulalia Silva, dijo a BNamericas que la delincuencia organizada va tomándose  zonas mineras, como el poblado de Ponce Enríquez en la provincia de Azuay, además de otros sectores en la Amazonía y en el norte del país

En enero de 2023, el entonces presidente Guillermo Lasso declaró la minería ilegal una amenaza para la seguridad nacional tras identificar vínculos directos con otros delitos como lavado de activos, narcotráfico y tráfico de armas.

El martes pasado, fiscales y efectivos de la Policía de Ecuador allanaron oficinas del Ministerio de Energía y Minas y de la agencia reguladora Arcom como parte de una investigación que busca combatir la corrupción en el sector minero.

Investigaciones preliminares han detectado la emisión irregular de 652 concesiones mineras a nivel nacional, así como un incremento significativo en las plantas de beneficio de oro.

Silva señala que es evidente que el gobierno está tratando de abordar el problema.

En julio, el regulador autorizó al Ejército a destruir maquinaria y otros bienes e insumos utilizados en la actividad ilegal.

La autoridad tributaria bloqueó del sistema 73 supuestas empresas exportadoras de minerales que no fueron habidas en las direcciones físicas registradas.

“Estamos viendo acciones ágiles”, comentó Silva.

Si bien aún no se han visto afectadas las dos únicas minas a gran escala que producen en el país, Fruta del Norte and Mirador, sí han sufrido afectaciones reputacionales por la devastación que causan los grupos ilegales, ya que la población no distingue necesariamente entre actividad legal e ilegal.

Entre los factores que facilitan la minería ilegal se encuentran la debilidad institucional, la corrupción, el cierre del catastro minero y las restricciones a las actividades formales, según la consultora de riesgo político Prófitas.

El catastro minero está cerrado desde 2018, por lo que no pueden otorgarse concesiones a privados. Debería reabrirse, pero de manera transparente, indicó Silva.

Además de las acciones del gobierno, la cámara minera considera que la apertura del catastro minero es clave para frenar la actividad ilegal.