Ecuador ordena la casa para enfrentar la minería ilegal y la corrupción

En respuesta a denuncias de corrupción al interior de agencias reguladoras y actividades sospechosas con el oro, Ecuador suspendió la emisión de certificados de exportación de minerales.

Entre otras entidades, la Cámara de Minería del Ecuador encendió las alarmas por exportaciones de oro que no cuadran con las cifras oficiales y sugiere que podrían originarse de la minería ilegal.

“Hay un crecimiento inusitado de las exportaciones de oro que llaman a la sospecha, y eso se ha manejado desde las oficinas zonales”, dijo a BNamericas el viceministro de Minería, Diego Ocampo.

Los grupos del crimen organizado se están enfocando cada vez más en la minería ilegal, lo que va profundizando el problema.

En los últimos días, el regulador local de energía y recursos no renovables, ARCERNNR, removió a 19 funcionarios de las agencias que controlan los sectores minero, hidrocarburífero y eléctrico, y resolvió además que la aprobación de permisos de exportación de minerales se tramitara solamente en Quito y no en las oficinas provinciales.

Las irregularidades en los certificados de exportación de minerales y el cobro de coimas a las exportadoras se denunciaron el 1 de agosto en el medio en línea Código Vidrio.

En enero de 2023, el consejo de seguridad pública Cosepe determinó que la actividad minera ilegal representa una grave amenaza para la seguridad del Estado.

Según un reciente estudio de la consultora de riesgo político Prófitas, la minería ilegal se ha expandido por factores como las debilidades institucionales, la corrupción dentro de los organismos reguladores, una legislación ambigua y tardía, el cierre del catastro minero, las restricciones a las actividades formales, el aumento de los precios de los minerales y la proliferación de organizaciones criminales.

Estadísticas del Viceministerio de Minas dan cuenta de que la actividad ilegal de oro se realiza en 19 de las 24 provincias del país, lo que habla de la necesidad de reforzar las capacidades de control y regulación.

Las provincias más afectadas son Esmeraldas, Imbabura, Napo, Orellana, Azuay, Zamora Chinchipe, Loja y El Oro.

“La decisión de centralizar los trámites en Quito es una medida inicial para tener un mejor control y un control directo sobre la trazabilidad de las operaciones, obtener información, hacer inteligencia de esa información y tomar decisiones sobre futuras acciones a realizar”, señaló Ocampo.

Si bien el sector minero tendrá problemas por la falta de permisos, la medida es calificada como necesaria por las compañías.

Depurar las agencias es un paso en la dirección correcta, aunque las autoridades deben ejecutar sin dilaciones los mecanismos necesarios para la emisión de los certificados de exportación, dijo a BNamericas la presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador, María Eulalia Silva.

Ocampo añadió que en el futuro también se aspira a realizar controles en tiempo real, desde cualquier parte del país.

La información recabada ayudará a verificar la legitimidad de las empresas que exportan minerales. Los datos serán remitidos a entes como la Superintendencia de Compañías y la Unidad de Análisis Financiero y Económico.

El gobierno de Daniel Noboa está impulsando un proceso para separar la ARCERNNR en tres entidades: la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel) y la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), con el objetivo de endurecer los controles en cada uno de los sectores. La puesta en funcionamiento de las tres agencias debiera terminar en los próximos días.

La centralización de los controles en un solo organismo ha dificultado las labores de verificación y obstaculizado los trámites, sobre todo en el sector minero.