Enfoque en inversión privada y presión fiscal marcan primer año de Peña en Paraguay

Un fuerte enfoque en la inversión privada, el recorte del gasto público y la continuidad de la política económica son factores que han marcado el primer año de mandato del presidente paraguayo, Santiago Peña.

Peña asumió el 15 de agosto del año pasado.

Su objetivo es seguir impulsando la infraestructura, considerada clave para las perspectivas económicas del país.

“Se ha reducido bastante la inversión pública en infraestructura debido a la meta de convergencia fiscal. Así que hay una tendencia a usar más las [asociaciones público-privadas] APP y los proyectos llave en mano”, dijo a BNamericas el director del centro de investigación económica local Cadep, Fernando Masi.

Durante los primeros siete meses, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) invirtió US$269 millones en proyectos, en comparación con los US$515 millones del mismo período del año pasado, según muestran los documentos.

El principal objetivo público de Peña es reducir el déficit fiscal al 1,5% del PIB, para adecuarlo a la ley nacional de responsabilidad fiscal.

La ley se flexibilizó a raíz de la pandemia de COVID-19, que provocó un fuerte aumento de las inversiones en infraestructura pública, que según Masi fue probablemente el mayor incremento desde el retorno a la democracia en 1990.

La decisión de la agencia Moody's el mes pasado de elevar la calificación crediticia a largo plazo de Paraguay se debió en parte a las continuas mejoras de infraestructura durante las administraciones anteriores.

Al ser consultado por BNamericas sobre si la calificación de grado de inversión también podría ayudar a los planes de APP de Peña, Vincent Detilleux, analista de Moody's, afirmó que podría hacer más atractivas y competitivas las próximas licitaciones.

“El riesgo de contraparte con el gobierno soberano es un factor clave en la evaluación del riesgo crediticio de operaciones de APP. En muchas ocasiones la calificación del soberano actúa como un techo en el rating de esas operaciones”, explicó a BNamericas, y agregó que las APP podrían beneficiarse del grado de inversión en términos de menores costos de financiamiento.

Debido a las limitaciones fiscales, Peña planea apoyarse en gran medida en las APP y los contratos llave en mano para cumplir con la agenda de infraestructura del gobierno, que implica US$5.500 millones en inversiones durante su período 2023-2028.

Una de las mayores apuestas de infraestructura a largo plazo del país es el corredor bioceánico, que unirá los puertos de la zona sur de Brasil con los del norte de Chile.

Hasta el momento Paraguay ha concluido un tramo en su territorio, mientras que otro está en construcción y un tercero ya se adjudicó, cuyas obras se iniciarán próximamente.

Detilleux indicó que estos proyectos probablemente beneficiarán a Paraguay porque facilitan el comercio con sus vecinos.

Peña también está muy interesado en atraer inversión extranjera al sector de la infraestructura y en aumentar la conectividad regional, para lo cual el líder ha visitado Chile y Brasil, al tiempo que ha cortejado inversiones de Asia oriental y Medio Oriente.

CUESTIONES INTERNAS

En el frente fiscal, Masi cree que Peña va por buen camino, ya que se espera que cierre el año con un déficit público de 2,6%, frente al 4,1% de fines de 2023.

Sin embargo, Masi cree que la deuda externa podría convertirse en un problema más adelante.

Si bien a primera vista la deuda externa es baja en relación con el PIB, un 38%, hay que tener en cuenta la capacidad de pago del Estado paraguayo, dado que la carga tributaria es muy baja, un 10%, explicó.

El director de Cadep subrayó que impuestos bajos no conducen necesariamente a mayores inversiones, y explicó que Uruguay, cuya presión fiscal duplica la de Paraguay, recibe muchas más inversiones extranjeras.

“[En Uruguay] hay seguridad jurídica, porque hay mano de obra calificada, la infraestructura es mejor, y es más estable políticamente hablando”, aseveró Masi.

Si bien el Partido Colorado de Peña ocupa la presidencia desde 2013 y goza de mayoría en ambas cámaras del Congreso, Masi sostiene que ha provocado inestabilidad debido a varios acontecimientos.

La tienda política presentó un proyecto de ley para aumentar la vigilancia de las organizaciones sin fines de lucro, lo que la oposición considera un intento del líder del partido y expresidente Horacio Cartes de perseguir a los críticos, y ha generado comparaciones con Venezuela.

El crimen organizado también se está fortaleciendo en Paraguay, donde un legislador colorado murió la semana pasada en un tiroteo con la Policía durante una operación antidroga que formaba parte de una investigación sobre blanqueo de dinero.

El propio Cartes, bajo cuyo gobierno Peña se desempeñó como ministro de Hacienda, fue sancionado el año pasado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por “su participación en la corrupción desenfrenada que socava las instituciones democráticas en Paraguay”.

“El propio presidente Peña no maneja su propio partido en el Congreso y ciertas decisiones no son influidas por él, sino por Cartes”, aseveró Masi, quien añadió que esto también incluye cuestiones relacionadas con la política económica.