¿Está la Secretaría de Defensa de México quitando empleos al sector privado?

La decisión de adjudicar seis megaproyectos a la Secretaría de Defensa (Sedena) de México le está quitando oportunidades al sector privado y amenaza con interrumpir la cadena de producción de la industria de construcción, advierte un experto.

“No es la manera correcta para que el sector de la construcción sea lo más productivamente adecuado posible”, dijo a BNamericas Alejandro Guevara Castellanos, presidente de la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles (Femcic).

“El sector de la construcción es una de las tres primeras derramas que generan productividad, tanto en el empleo como en la economía”, añadió, para agregar que estos beneficios podrían no ser tan eficaces si el gobierno adjudica grandes contratos a entidades públicas.

“El presidente decidió darle su confianza al Ejército. ¡Qué bueno! ¡No lo vemos mal! Sin embargo, se está rompiendo la cadena de producción. ¿Por qué no apoyar a los constructores mexicanos?”, planteó Guevara.

El sector de la construcción en México experimentó una disminución de 24,7% en valor de producción en 2019 y 2020, su mayor caída desde 2006, según los datos más recientes del instituto de estadísticas Inegi. México cerró su sector de construcción entre abril y junio.

Cuando Inegi dio a conocer los datos el 23 de febrero, medios como El Economista relacionaron el marcado descenso con la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de seguir adjudicando importantes proyectos al Ejército.

El trabajo de la Sedena "no debe ser el de una empresa constructora para economizar cierta cantidad de dinero. Tal vez se deberían enfocar sus esfuerzos en otras actividades para no quitarle el trabajo a los constructores", señala Guevara.

PORTAFOLIO

En una medida sorpresiva, la junta de turismo Fonatur anunció el 5 de marzo que adjudicaría a la Sedena la sección norte del Tramo Cinco del Tren Maya, que conectará el aeropuerto internacional de Cancún con Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo. Ya había recibido 10 ofertas de consorcios nacionales e internacionales durante un proceso de licitación que sufrió varias modificaciones desde 2020.

Fonatur canceló la licitación el mismo día que debía anunciar al ganador.  

Las ofertas oscilaron entre 10.300 millones y 18.500 millones de pesos (US$485mn- 871mn). Fonatur no reveló cuánto gastará con la Sedena en el proyecto.

La sección norte del tramo Cancún-Tulum, que tiene una extensión de 121km en Quintana Roo, será construido por la Secretaría de Defensa, mientras que un consorcio liderado por la filial México Compañía Constructora de Grupo México construirá la sección sur. Este contrato de 17.800mn de pesos se adjudicó el 29 de enero. Fonatur decidió dividir el quinto tramo en dos secciones el año pasado.

Tras el anuncio, AMLO, autoridades y algunos presidentes ejecutivos de constructoras que se adjudicaron contratos iniciaron las obras del quinto tramo en Quintana Roo.

La sección norte es el sexto proyecto asignado a la Sedena desde que AMLO asumió el cargo a fines de 2018.

El primer proyecto otorgado a la secretaría fue el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que costará 74.000mn de pesos y se construirá en el Estado de México.

AMLO entregó a la Sedena cuatro proyectos más el año pasado luego de elogiar su trabajo.

Los proyectos incluyen un contrato de 10.000mn de pesos para construir 2.700 sucursales del Banco del Bienestar en todo México, los tramos Seis y Siete del Tren Maya, y un nuevo aeropuerto internacional en Tulum.

Según el plan original, las Fuerzas Armadas comenzarán a trabajar en los proyectos de la región sureste una vez que AIFA entre en operaciones en marzo de 2022.

MOTIVOS Y CONTRADICCIONES

AMLO ha señalado en reiteradas ocasiones que la adjudicación de proyectos a la Sedena ha reducido los costos y ha demostrado su eficiencia.

No obstante, Guevara plantea que no existe una fórmula mágica para reducir costos en los megaproyectos y agrega que las constructoras están obligadas a pagar beneficios de seguridad social a sus trabajadores y otros gastos como seguros y capacitación.

La Sedena ha sido cuestionada varias veces por gastos poco transparentes, especialmente en lo que respecta al aeropuerto de Santa Lucía.

La Secretaría se ha negado a publicar documentos y otros datos bajo el pretexto de la seguridad nacional y ha insistido en el derecho a conservar la información hasta por cinco años.

Además, no ha adjudicado un solo contrato al sector privado, lo que sugiere que está ejecutando todo el proceso, desde la planificación hasta la inauguración.

Sin embargo, Guevara señala que la secretaría tendrá que depender de empresas privadas tarde o temprano.

“Por más grande que sea la Sedena, no tiene la capacidad para producir todo lo que está construyendo”, aseguró.