Ecuador debe resolver obstáculos para desarrollar su enorme potencial minero

Tres minas a escala industrial en Ecuador y los 12 proyectos mineros más avanzados del país podrían generar unos US$218.000 millones en exportaciones para el país para 2057, el doble del PIB actual, y convertirlo en un relevante proveedor mundial de minerales.

Según un estudio realizado por la consultora guayaquileña Grupo Spurrier, con datos hasta 2023, en conjunto, estos 15 proyectos, dos de los cuales ya están en operación, tienen reservas combinadas de aproximadamente 39,3 millones de onzas (Moz) de oro, 47.774 millones de libras (21,7Mt) de cobre y 126Moz de plata.

El economista Alberto Acosta, uno de los autores del estudio, dijo a BNamericas que la cifra de US$218.000 millones se calculó al valor actual de los metales.

El informe sostiene que, si las 15 operaciones estuvieran activas y en etapa de producción, las exportaciones anuales superarían los US$5.000 millones en 2027 y rebasarían los US$10.000 millones anuales a partir de 2029.

“Ecuador tiene un gran potencial geológico, que apenas ha sido descubierto. Tener ese potencial y no dejar que desarrolle la industria formal no solo es poco inteligente, es inmoral. Se ha iniciado el camino de convertir a Ecuador en un país minero y destino de inversión de calidad para el sector minero”, señaló en una conferencia la presidenta ejecutiva de la cámara minera local, María Eulalia Silva.

Sin embargo, las tensiones sociales y oposición de grupos de activistas antimineros y comunidades indígenas continúan como la piedra en el zapato para el avance de la actividad industrial en el país, lo cual se evidencia en los problemas que enfrentan varios proyectos.

Las minas a las que se refiere el estudio de Grupo Spurrier son el activo de oro Fruta del Norte, que opera Lundin Gold; la mina de cobre Mirador, de la empresa de capitales chinos EcuaCorriente; y el yacimiento de oro y plata Río Blanco, propiedad de las empresas chinas Junefield y Hunan Gold, cuya operación está a cargo de Ecuagoldmining.

Fruta del Norte y Mirador se inauguraron en 2019 y su operación comercial arrancó en 2020. Ambas son al momento las dos únicas minas industriales en producción.

Río Blanco está suspendida desde 2018, por una decisión judicial, lo que llevó a Junefield a presentar una demanda de arbitraje contra Ecuador, argumentando que la decisión se tomó bajo la presión de activistas que afirmaban que no hubo consulta previa.

Mientras se resuelve el tema legal, Río Blanco se ha visto afectada por la minería ilegal.

LOS DESAFÍOS PARA LOS PROYECTOS

Los otros 12 proyectos que menciona Spurrier son Loma Larga, Mirador Norte, Curipamba, La Plata, Cascabel, Panantza-San Carlos, Llurimagua, Cangrejos, Cóndor, Wartinza, Bramadreos y Ruta de Cobre.

La construcción de las minas Curipamba, La Plata y Loma Larga está lista para empezar, pero deben primero sortear una serie de desafíos.

Estaba previsto que Curipamba iniciara su construcción en junio, pero los planes se pospusieron por una medida cautelar presentada contra el Ministerio de Ambiente y Agua por miembros de comunidades rurales de la provincia de Bolívar, donde se ubica el proyecto. Esta acción busca dejar sin efecto el estudio de impacto ambiental y la licencia ambiental que permite la obra.

La decisión final del juez provincial podría tardar entre cinco y nueve meses, y el caso podría llegar a la Corte Constitucional.

En julio de 2021 un juez local dictaminó que Dunde Precious Metals, operadora de Loma Larga, debía realizar una consulta previa con comunidades indígenas del área antes de pasar a la fase de producción e iniciar la construcción de la mina.

En cuanto a La Plata, el ministerio tiene que concluir el proceso de consulta ambiental, que se inició el año pasado, pero se suspendió primero por incidentes ocasionados por activistas antimineros y luego por una acción legal presentada en marzo por el alcalde de la localidad de Sigchos, Óscar Monge.

El proceso judicial podría prolongarse unos ocho meses más antes de que se emita un fallo definitivo, dijo a BNamericas Andrés Ycaza, abogado experto en temas mineros.

La consulta ambiental es un proceso indispensable para la obtención de la licencia que permita iniciar la construcción de la mina.

El año pasado, la empresa Ruta de Cobre, filial de la estadounidense Southern Copper, obtuvo la declaratoria de fuerza mayor para Janeth 1, una de las tres concesiones de su proyecto de cobre y oro Ruta del Cobre. Esta concesión se encontraba en etapa de evaluación económica, mientras que las otras dos estaban en exploración inicial.

La solicitud de fuerza mayor se debió a restricciones para las actividades industriales, por los cambios que realizó el municipio de Cuenca con una nueva política de uso del suelo, que incluye la creación de una zona de recarga hídrica en la ciudad.

Llurimagua se encuentra paralizado desde marzo de 2023, cuando un tribunal provincial ordenó revocar la licencia ambiental para el proyecto, aunque descartó cancelar la concesión.

Pese a los problemas, los titulares de los diferentes proyectos continúan avanzando con trámites necesarios como la obtención de permisos de agua, la finalización de estudios de impacto ambiental, o la hoja de ruta para la realización de la consulta previa, entre otros, según el caso, para una vez que se resuelvan los temas pendientes poder avanzar sin mayores dilaciones a la etapa de construcción de mina y producción.

Las iniciativas mineras, sobre todo los que se ubican en la zona centro y sur del país, han sido objeto, en los últimos años, de una serie de acciones judiciales, presentadas por comuneros y activistas antimineros para frenar el avance de la actividad.