Futuro de proyecto minero-portuario Dominga en Chile depende de nuevo comité político

Se mantendrá la incertidumbre sobre el futuro del proyecto minero-portuario Dominga, de US$ 2.500 millones y perteneciente a la chilena Andes Iron, hasta que una mesa integrada por subsecretarios de seis ministerios decida acerca de su desarrollo en la Región de Coquimbo.

La junta fue anunciada el viernes por la Contraloría General después de que un comité de ministros que, ya había rechazado la iniciativa en 2023 por supuestas deficiencias técnicas e impactos a la biodiversidad marina y ambiental, se inhabilitara para reevaluar la iniciativa.

El comité adoptó tal decisión en una asamblea extraordinaria, realizada a fines de diciembre, tras conocerse la anulación decretada por un tribunal ambiental de la Región de Antofagasta a la negativa de los ministros para el avance de Dominga. 

Además de considerarla ilegal, el tribunal enfatizó en que la objeción del consejo interministerial, liderado por la cartera de Medio Ambiente y conformado por los titulares de Salud, Economía, Agricultura, Energía y Minería, contravenía una aprobación de 2021 otorgada por una comisión evaluadora ambiental de Coquimbo.

Por su parte, el servicio nacional de regulación ambiental, SEA, presentó un recurso a la Corte Suprema para defender la legalidad del conjunto de ministros, entidad que forma parte de sus procesos examinadores, y eliminar la sentencia del tribunal ambiental.  

Las problemáticas que rodean la larga tramitación de Dominga, que implica extracción de cobre y mineral de hierro desde dos minas en la comuna de La Higuera, además de operar una planta desaladora de agua de mar y un terminal de embarque, han sido consideradas un ejemplo básico de las ineficiencias del SEA.

Hace más de una década que el informe de evaluación de impacto ambiental de Dominga fue presentado al ente regulador, convirtiéndose en un emblema de las complejidades del sistema nacional.  

Francisco Corona, abogado minero y fundador del estudio jurídico Corona Abogados, dijo a BNamericas que el sistema de permisos es uno de los principales cuellos de botella y factor de incerteza para los inversionistas.

Para terminar con los eventuales casos de judicialización que "afectan a la competitividad de la minería local frente a jurisdicciones más eficientes y afrontar la discrecionalidad que no beneficia a nadie", Corona considera esencial aplicar tecnologías para aumentar la eficiencia y rigurosidad en los fallos.

"Cualquier intento de modernización será insuficiente sin la aplicación de automatización avanzada e inteligencia artificial para analizar probabilidades y datos estadísticos obtenidos de operaciones existentes. Esto facilitaría decisiones informadas y ágiles y disminuiría la discrecionalidad en la toma de decisiones", dijo.

El exdirector de minería y recursos naturales en la empresa legal Carey enfatizó que la situación actual del SEA "no requiere necesariamente una modificación legal, sino mucha voluntad y rigurosidad para predecir los impactos ambientales y sociales" para ganar en tecnicismo, imparcialidad y agilización. 

Un aspecto que está en línea con el interés de Andes Iron, cuya empresa promete una iniciativa minera 5.0 con un fuerte sello de sostenibilidad y tecnologías avanzadas, según indicó en un comunicado, donde asegura contar con el apoyo de múltiples organizaciones, tanto a nivel regional como nacional.