Gobierno advierte sobre aumento de minería ilegal tras cierre de Cobre Panamá

El Gobierno de Panamá advirtió que se ha incrementado el riesgo de explotación ilegal tras el cierre de la mina Cobre Panamá a fines de noviembre.

La amenaza de actividades mineras ilegales en el yacimiento, situado en la provincia de Colón y operado por la filial Minera Panamá de First Quantum Minerals, se suma a las crecientes amenazas ambientales vinculadas al material de alta peligrosidad que continúa almacenado en la mina cuprífera, de la cual también se extrae oro.

En la última minuta de la reunión del Consejo de Gabinete realizada en julio, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, destacó que la minería ilegal es otro de los peligros que, si bien ya existía, se ha incrementado a raíz del cierre de la mina tras la decisión de la Corte Suprema de declarar inconstitucional su contrato.

“Para estas prácticas se utilizan métodos de manera no adecuada y productos químicos, altamente peligrosos como lo es el cianuro. Se maneja información de que en este negocio ilegal existen grupos delincuenciales organizados”, indicó Ábrego en el acta. 

Un actor cercano a la industria, que prefirió mantener su nombre en reserva, dijo a BNamericas que esta información es relevante porque es la primera vez que las autoridades panameñas reconocen públicamente este creciente flagelo que amenaza tanto al medioambiente como a la seguridad y finanzas del país.

La cámara minera Camipa reveló durante el foro internacional Minería y metales estratégicos para el desarrollo sostenible e inclusivo, realizado en Ciudad de Panamá a fines de julio, que el número de actividades de explotación ilegal denunciadas alrededor de Cobre Panamá se elevó de 60 a más de 250 entre julio de 2023 y marzo de este año, según datos del Servicio Nacional de Fronteras. 

Esto representaría más de US$12 millones anuales que están dejando de percibir las arcas panameñas, según la presentación mostrada por la cámara, donde también sostiene que Panamá puede ser un jugador clave en el mercado minero internacional, impulsado por la transición energética. 

La Camipa estima que hay siete proyectos mineros estratégicos de cobre y oro —incluyendo Cobre Panamá— que podrían desarrollarse en el país de forma legal en un plazo de 11 años y que podrían aportar US$7.120 millones en ingresos para Panamá. Esto significaría más de US$1.870 millones en ingresos para el Estado.  

RIESGOS AMBIENTALES

El mes pasado, el gobierno informó a través de Cancillería que entablará conversaciones con la canadiense First Quantum Minerals para discutir el impacto ambiental de su mina Cobre Panamá. 

El 1 de julio, el presidente José Raúl Mulino ordenó en su discurso inaugural ejecutar una “estricta auditoría” medioambiental para ayudar a determinar si el yacimiento puede reabrirse temporalmente para preparar de forma responsable la clausura definitiva.

En la minuta de la reunión del Consejo de Gabinete, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, señaló que se había reunido con el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, para establecer un cronograma de la auditoría, la cual necesitaría entre tres y seis meses para realizarse con veeduría ciudadana. Sin embargo, aún no se ha publicado el cronograma. 

“Existen riesgos por los taludes, material a la intemperie y otros componentes que podrían causar un daño ambiental al área y a las comunidades cercanas”, agregó Navarro.

Por su parte, Moltó indicó que hay que tomar una decisión sobre el material que hay en la mina y que hay instituciones internacionales que están dispuestas a participar en el proceso, sin precisar cuáles. 

Autoridades y expertos han advertido de los riesgos ambientales y de seguridad al mantener almacenadas alrededor de 130.000t de concentrado de cobre en las instalaciones de Minera Panamá ante la imposibilidad de exportarlas o procesarlas.

El ministro de Salud, Fernando Boyd, dijo se estaba iniciando una inspección sobre salud ambiental en los alrededores de la mina para ver la situación y constatar lo que las comunidades advierten sobre posible contaminación en la zona.

En respuesta, Mulino señaló que “hay que adelantarse a lo que pueda pasar en estas comunidades” y solicitó que aquellas instituciones que tengan que ver con desastres u otro tipo de eventos fortuitos estén preparadas para los próximos meses, pues se pronostican lluvias intensas.

ABIERTA AL DIÁLOGO

En su reporte de resultados del segundo trimestre, First Quantum aplaudió la auditoría anunciada por el nuevo mandatario panameño para comprender mejor las condiciones de la mina y los desafíos a la gestión ambiental provocados por la abrupta suspensión de sus operaciones.

No obstante, la minera con sede en Toronto también informó que tomó medidas para comenzar dos procedimientos de arbitraje. El primero se fundamenta en el tratado de libre comercio entre Canadá Panamá y en el otro se recurrió a la Cámara de Comercio Internacional (CCI) de conformidad con la cláusula de arbitraje del contrato de concesión actualizado que el gobierno acordó en octubre de 2023, y cuya audiencia final se agendó para septiembre de 2025.

First Quantum reiteró “que el arbitraje no es la solución preferida para la situación de Panamá y sigue comprometida con el diálogo con el nuevo gobierno de Panamá y con ser parte de una solución para el país y su gente”.

El CEO de First Quantum, Tristan Pascall, dijo durante la teleconferencia sobre los resultados trimestrales que han tomado nota sobre los comentarios de Mulino respecto a la idea de reabrir la mina para cerrarla definitivamente.

“Creo que ha sido muy grato ver el diálogo en torno a la mina, que es un tema muy importante para el país ante la necesidad de abordar, en particular, las cuestiones ambientales y cómo deben gestionarse a través de un activo operativo. Es muy difícil gestionar un cierre inmediato como el que ocurrió a fines del año pasado”, dijo el ejecutivo.

Agregó que es necesario un nivel de actividad que pueda garantizar la seguridad ambiental.

“Estamos muy abiertos y comprometidos con el diálogo con la nueva administración para establecer un marco en torno al cual podamos tener esas conversaciones que permitan un nivel estable de operación para garantizar la seguridad ambiental a largo plazo del activo. El momento para eso… es difícil. Creo que hay una serie de complejidades que resolver. No creemos que eso suceda este año”, señaló Pascall.