Gobierno brasileño reconoce necesidad de acelerar inversiones en sector hídrico

El ritmo de la inversión en el sector brasileño de agua y saneamiento debe acelerarse, a pesar de los positivos avances observados en los últimos años.

“Nuestra opinión es que el avance en el sector de saneamiento ha sido positivo, con un aumento en los niveles de inversión. Sin embargo, será necesario un mayor impulso a estas inversiones [para cumplir las metas] y el ritmo deberá acelerarse en el futuro”, dijo a BNamericas Leonardo Picciani, secretario de Saneamiento del Ministerio de las Ciudades.

El sector de agua en Brasil ha experimentado una expansión significativa en la inversión desde un cambio regulatorio introducido en 2020, que abrió mayores oportunidades para la participación privada en una industria antes dominada por empresas estatales.

Según las nuevas normas, los estados y municipios deben lograr cobertura universal del servicio de agua y alcantarillado de aquí a 2033, o enfrentarán sanciones del Gobierno Federal, entre ellas restricciones al acceso a fondos federales.

Según los datos más recientes del Sistema Nacional de Información sobre Saneamiento (SNIS) de 2022, Brasil invierte actualmente 22.500 millones de reales (US$3.940 millones) anuales en saneamiento, cifra insuficiente para alcanzar la meta de cobertura total en 2033, según un estudio de la ONG Trata Brasil.

La organización estima que Brasil deberá invertir 46.300 millones de reales al año hasta 2033 para alcanzar la meta.

Si bien reconoce la necesidad de mayor inversión en el sector, el gobierno considera que los avances logrados en materia de concesiones, asociaciones público-privadas (APP) e inversiones del sector público son positivos.

“En 2025 estaremos plenamente comprometidos con los proyectos del [programa de inversiones del Gobierno Federal] PAC, ejecutando esas iniciativas con eficiencia, rapidez y calidad. También acompañaremos y apoyaremos las nuevas rondas de concesiones organizadas por [el banco de desarrollo] BNDES, que estarán en la agenda el próximo año, junto con los estados respectivos”, afirmó Picciani.

El funcionario también señaló que el gobierno aún no ha recibido ninguna solicitud de empresas privadas para revisar los contratos vigentes.

“Hasta el momento no hemos recibido ninguna solicitud de revisión de contratos en el Ministerio de las Ciudades. Es cierto que muchos contratos están todavía en sus primeras fases, pero esperamos que todo se mantenga dentro de los parámetros normales durante toda su vigencia”, afirmó Picciani.

Las obras de infraestructura en Brasil, incluidas las realizadas en los segmentos de carreteras, aeropuertos y puertos, han atraído desde hace mucho tiempo participación privada a través de concesiones y APP.

Sin embargo, en ocasiones algunos de estos contratos han sido revisados por no cumplir los objetivos originales previstos en los pliegos de licitación. La legislación brasileña permite la devolución de contratos de concesión, pero el proceso es relativamente lento, ya que requiere la aprobación de los órganos de control del Gobierno Federal, que también determinan la compensación que se pagará a las partes correspondientes.

Mientras tanto, Picciani enfatizó que el Gobierno Federal está monitoreando de cerca los potenciales efectos de una decisión reciente de expandir el uso de debentures en el sector de saneamiento.

Recientemente, el gobierno autorizó a aquellas empresas que obtengan concesiones o contratos de APP basados en la oferta más alta a financiar hasta 70% de su oferta usando debentures, frente al 50% permitido anteriormente.

Según analistas consultados por BNamericas, la medida podría incentivar a los gobiernos locales a realizar subastas basadas únicamente en la tasa más alta, en lugar de hacerlo según el modelo de menor tarifa ofrecida a los consumidores. Además, las empresas que presenten ofertas altas agresivas para ganar las licitaciones podrían, a mediano plazo, compensar este costo aumentando las tarifas al público.

“La cuestión de la tasa de concesión es, en última instancia, una decisión de mercado y el ministerio tiene una capacidad limitada para intervenir en este sentido. Sin embargo, nos preocupa que esto se traduzca en tarifas más altas para los usuarios. En el decreto regulatorio, el Gobierno Federal especifica que sus proyectos prioritarios, que pueden optar a financiamiento federal, serán aquellos que propongan una combinación de tasas de concesión y tarifas moderadas”, concluyó Picciani.