Industria minera panameña impulsa reforma institucional

El Ministerio de Comercio e Industria (MICI) de Panamá confirmó este mes que, conjuntamente con el BID, se están revisando, evaluando y actualizando reformas al código minero de 1963, a fin de proveer al país “de políticas públicas para la extracción de minerales, conforme a las mejores prácticas internacionales”. 

En abril, el despacho encabezado por Federico Alfaro Boyd anunció el plan de crear una autoridad minera, pero no ofreció detalles. 

Hace cuatro años, dado el comprobado potencial de crecimiento de la minería en Panamá, el entonces novel gobierno de Laurentino Cortizo se propuso garantizar “el adecuado rol” de esta industria en el desarrollo económico, asegurando el respeto a las leyes y regulaciones ambientales y la protección de los derechos de las comunidades. 

Así lo estableció en su Plan Estratégico 2019-2024, donde además se fijó la tarea de “fortalecer la institucionalidad del Estado para el debido cumplimiento de las leyes, contratos y regulaciones, particularmente en materia ambiental, fiscal, laboral y la protección y desarrollo de las comunidades en donde se desarrollen proyectos de minería e industrias afines y del país en general”.

Zorel Morales, director ejecutivo de la cámara minera Camipa, señaló que desde hace tres años se ha venido trabajando con el BID el tema del mejoramiento institucional del sector minero, que incluye cambios a la legislación vigente para crear una autoridad minera, modernizar el código de recursos minerales, así como reglamentarlo.

“Nosotros pensamos, y creo es unánime, que un sector que contribuye con el 80% de las exportaciones y 5% del PIB ya está tocando la puerta de que necesitamos tener una autoridad o institución gubernamental que sea acorde con este crecimiento del sector y con la importancia que reviste”, señaló Morales en entrevista con BNamericas.

Él indicó que en este trabajo encabezado por el MICI participaron 95% de los sectores relevantes para la minería, incluidos representantes del sector ambiental.

“Se identificó que había que crear esa institucionalidad con mayores jerarquías y capacidades. Entonces se identificó específicamente que debía ser una autoridad por el hecho de que ha habido relativamente un mayor éxito con la creación de las autoridades de Panamá”, aseveró Morales y puso como ejemplo la Autoridad Marítima de Panamá (AMP). 

“Las autoridades son más técnicas; tienen más autonomía, ya que tienen una junta directiva. El administrador de las autoridades es nombrado por el Ejecutivo, pero existen las juntas directivas donde participa el sector privado, y sabemos de la complejidad técnica del sector minero y de los retos y desafíos que tienen en materia ambiental y social”, explicó.

Respecto a los cambios al código minero, el representante de la Camipa afirmó que, si bien el actual es robusto, hay que modernizarlo. “Hay que mejorarlo, incluir el tema de los relaves, la parte técnica del cierre de minas y mejorar algunas otras cosas”, afirmó.

“Otra tarea importante es reglamentar el código minero, que nunca ha sido hecho, se han hecho pequeños manuales o listados de documentación y requisitos que se necesitan para una u otra cosa”, añadió. 

“Será la primera misión enorme y que va a tener mucha importancia de la autoridad de minería, cuando sea creada, porque es importante que sea la autoridad la que se encargue de esta tarea”, expresó Morales. 

En agosto pasado, el BID solicitó ofertas por un proyecto de consultoría que contribuya a elaborar futuras reformas al sector minero de Panamá. 

El banco detalló que el objetivo de la consultoría es diseñar una nueva estructura institucional y organizativa que establecerá las responsabilidades y funciones del gobierno en relación con la minería, tareas actualmente en manos del MICI y de la Dirección Nacional de Recursos Minerales.

Una evaluación anterior hecha entre 2019 y 2020 por el Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF) recomendó elaborar un código minero y un marco legislativo "maduros y modernos", que definan obligaciones claras tanto para el gobierno como para las empresas, y planteen una visión de cómo el sector puede contribuir al desarrollo sostenible del país.

La minería en Panamá está dominada por Cobre Panamá (en la foto), mina de cobre y oro de First Quantum Minerals que inició operaciones en 2019, pero estimaciones sugieren que dos operaciones de mediano tamaño podrían comenzar a producir en los próximos años, lo que expandiría la participación del sector minero a aproximadamente 8,3% del PIB, según publicó el año pasado el BID. 

Camipa, por su parte, prevé que el aporte del sector al PIB nacional podrá incrementarse del actual 5% a 7% en 2026, impulsado por Cobre Panamá y proyectos como el de Cerro Quema, de Orla Mining, al que recientemente el gobierno aprobó el estudio de impacto ambiental, en medio de protestas de algunos grupos ambientalistas.