Legislación y normativa energética en Chile: ¿en qué está y qué sigue pendiente?

El próximo año la necesidad de una profunda reforma al sector eléctrico podría volver a tomar protagonismo en Chile después de varios años en que la estabilización de los precios y las áreas de transmisión y almacenamiento dominaron la agenda legislativa y regulatoria.

Y podría haber espacio en el calendario, dada la reciente aprobación del proyecto de ley de transición energética del gobierno, centrado en la transmisión.

En paralelo, avanza también un proyecto de ley de subsidios, que busca pilares de financiamiento para mitigar el impacto sobre los clientes vulnerables del descongelamiento de las tarifas eléctricas. Lo que salga del Congreso podría ser muy distinto a la propuesta original. Una comisión rechazó una medida que establecía un mecanismo de acceso a tarifas especiales para pymes, mientras que se votará otra que implica utilizar parte de los ingresos de las plantas de energía distribuida, denominadas PMGD, que reciben un subsidio de facto.

En otro ámbito del panorama normativo y legislativo, se publicarán las normas de conexión y coordinación, última pieza del rompecabezas regulatorio del almacenamiento de energía. También se llamó a una mayor claridad en lo que respecta al uso de sistemas de almacenamiento de energía para prestación de servicios auxiliares, además de anunciarse ajustes para facilitar el desarrollo de algunos tipos de proyectos de almacenamiento en baterías.

En noticias relacionadas, la reducción del límite para acceder al mercado no regulado de los actuales 500kW a 300kW se ve más probable después de que el regulador chileno TDLC emitiera un informe en el que concluye que no ve señales de erosión de la competencia. El Ministerio de Energía está facultado a tomar una decisión final después de este paso consultivo. La reducción del requisito mínimo cuenta con apoyo de algunas partes, pero genera oposición de otras.

El próximo año podría definirse una hoja de ruta para la descarbonización del sector eléctrico, después de someterse recientemente a consulta pública.

En este contexto, muchos actores esperan que 2025 sea el comienzo de un nuevo capítulo para la industria, luego de la incertidumbre generada por las medidas tarifarias del gobierno —en particular por el proyecto de ley de subsidios—, que se sumaron a problemas financieros creados por un aumento en los vertimientos.

REFORMAS AL SECTOR ELÉCTRICO

La reforma a la distribución y la modernización del mercado mayorista eléctrico se consideran prioridades para el país, pero son iniciativas considerablemente complejas que podrían exigir mucha consulta inicial y consensos para facilitar su avance en el Congreso.

Además de esto, la cámara chilena de energías renovables y almacenamiento, Acera, está pidiendo medidas que reaviven el interés en las licitaciones de suministro regulado. Los procesos se han visto afectados por una confluencia de factores como la estabilización de los precios, los vertimientos, la limitada flexibilidad de la red y la incertidumbre en torno a la posible reducción del límite para acceder al mercado no regulado.

En cuanto a reforma al sector eléctrico, si bien el debate podría avanzar antes de que los chilenos acudan a las urnas en noviembre próximo para elegir presidente y parte del Congreso, el desafío de lograr que la legislación se convierta en ley es enorme.

Como el actual modelo de distribución se limita en gran medida a garantizar los flujos de electricidad desde las centrales hasta los consumidores y a minimizar los costos al mismo tiempo, se multiplican los llamados a una revisión que amplíe el papel y alcance de la industria, dadas las demandas que está creando la transición energética.

Entre las prioridades probablemente se encuentran aumentar la resiliencia de la red —necesidad que quedó en evidencia este año tras un devastador temporal de viento ocurrido que dejó a millones de usuarios sin electricidad— y preparar el sistema para el aumento de los flujos eléctricos bidireccionales y la penetración de activos distribuidos.

Giuseppe Turchiarelli, CEO de la generadora y distribuidora Enel Chile, criticada tras los apagones, señaló durante un reciente evento para inversionistas que la compañía estaba interesada en aumentar la inversión en distribución siempre que haya un “marco regulatorio apropiado y una remuneración justa”.

Se han hecho llamados a estimular la adopción de medidores inteligentes y tarifas eléctricas por horario de uso, con el fin de ayudar a los consumidores a gestionar mejor su consumo y aprovechar el abundante suministro renovable durante el día.

En cuanto a la reforma del mercado mayorista eléctrico, el coordinador de la red, CEN, publicó un informe que recomienda la creación de un nuevo mercado basado en ofertas de electricidad, capacidad y servicios complementarios.

El documento se enmarca en la hoja de ruta del CEN para una transición energética acelerada, que establece una serie de condiciones que allanan el camino a un sistema que pueda operar 100% con energías renovables durante algunos bloques horarios en 2030.

Para ello se contrató a la consultora ECCO International, que se encargará de diseñar una propuesta para la implementación de un mercado mayorista eléctrico basado en la oferta, que abarcaría energía, servicios auxiliares y, de ser necesario, capacidad.

Pasar de un modelo basado en costos auditados —el actual— se considera un paso necesario para la transición energética de Chile.

Blanca Palumbo, integrante del consejo asesor del CEN, declaró a principios de este año: “Es crucial reconocer que este cambio no solo responde a la creciente participación de las energías renovables y las baterías en nuestro sistema, sino también a la necesidad de fomentar la competencia mediante la entrada de nuevos agentes, como es el caso de la demanda”.

“Creemos firmemente que un cambio como este traerá una serie de beneficios, incluida la optimización de la programación de unidades generadoras con costos fijos”.

Mientras tanto, dos proyectos de reforma, diseñados para mejorar el trámite de los permisos ambientales y sectoriales, iniciativa impulsada por el sector energético y otras industrias, también podrían avanzar en el Congreso.

Paralelamente, podría crecer la necesidad de una mayor electrificación de la economía, en particular en las esferas de la minería del cobre y del litio, junto con la demanda de soluciones que permitan un mayor flujo de energía limpia después de la puesta del sol para desplazar a la producción termoeléctrica.

Las autoridades también están trabajando en normas y actualizaciones relacionadas para el hidrógeno verde y sus derivados, tarea compleja que continuará en 2025.

PROYECTO DE LEY DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA

El proyecto de ley de transición energética aprobado es un animal completamente distinto al presentado originalmente al Congreso.

En medio de un enorme apetito del mercado por el almacenamiento, se eliminó una medida que establecía una licitación estatal, que resulta ahora innecesaria.

El texto aprobado contempla mecanismos para acelerar el desarrollo de obras de transmisión urgentes, nuevas y ampliaciones, en particular para reforzar los sistemas zonales en regiones como la de Ñuble.

Por ejemplo, los procesos de licitación de obras de ampliación que actualmente realiza el CEN serían gestionados por los propietarios de los activos.

Algunos proyectos serán remunerados por las centrales eléctricas que los utilicen y los requieran, a diferencia del régimen actual, donde todo está incluido en las tarifas para el usuario final.

La asociación chilena de clientes libres, Acenor, celebró la aprobación y puntualizó que, según estimaciones, el texto original podría haber redundado en un recargo de hasta 11 pesos por kilovatio/hora (US$0,011/kWh) en las facturas de los clientes.

El director ejecutivo de Acenor, Javier Bustos, manifestó que el paso necesario siguiente es revisar cómo se remuneran todas las obras de transmisión para garantizar que sea “la forma más eficiente posible”.