Legislación y regulación de sector eléctrico chileno: lo que hay que tener en cuenta en 2024

El próximo año se podrían producir importantes hitos en la carrera de la descarbonización en Chile.

Después de una fuerte inversión en energías renovables durante la última década, que ha dado a la energía eólica y solar una participación significativa en la matriz de generación, el panorama regulatorio, legislativo y de proyectos está evolucionando.

Dado el excedente de producción solar y la congestión de la transmisión, junto con un proceso de retiro de las centrales a carbón que estimulará la demanda de activos alternativos para la estabilidad de la red, la atención se centra sobre todo en la regulación y la legislación del almacenamiento de energía.

Puesto que 2025 es un año electoral, en 2024 debería haber bastante actividad legislativa, en energía y otros ámbitos, antes de que la atención se centre en la carrera presidencial.

REGULACIONES

El año que viene deberían introducirse nuevas normas sobre el mercado de capacidad, coordinación y operación, que ayuden a las empresas a hacer previsiones de ingresos que puedan presentar a sus entidades financieras locales. La claridad de los ingresos ayudará sobre todo a los operadores más pequeños, que no tienen acceso a los grandes bolsillos de las multinacionales.

Es probable que también se debata el riesgo de una sobreconstrucción de almacenamiento de energía, de una rápida expansión que podría generar problemas futuros similares a los que experimentan hoy las empresas dedicadas exclusivamente a las energías renovables.

En el frente legislativo, debería continuar el debate sobre el diseño óptimo de una subasta gubernamental planificada de sistemas de almacenamiento de energía. Si bien existe consenso sobre la necesidad de almacenamiento, existen diferencias sobre la estrategia. Las grandes generadoras chilenas están invirtiendo, con recursos propios, en sistemas de almacenamiento a gran escala incorporados a sus plantas de energías renovables.

La mayor generadora de Chile por capacidad instalada, Enel, se ha centrado hasta ahora en sistemas de dos horas de duración orientados al mercado de servicios auxiliares. Los funcionarios de la compañía estudian la viabilidad de unidades de mayor duración, aquellas más adecuadas para el negocio de transferencia de energía.

La mayor parte de los proyectos de energías renovables que ingresan hoy al sistema de revisión ambiental contienen sistemas de almacenamiento.

El almacenamiento en baterías domina, pero hay margen para que otras tecnologías, incluida la concentración solar y el almacenamiento por bombeo, entren en escena un poco más adelante. La generadora AES Andes recibió recientemente el visto bueno ambiental para construir el proyecto Alba, un sistema de almacenamiento y generación de energías renovables utilizando sales solares.

LEY DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA

La subasta de almacenamiento planificada por el gobierno forma parte de su proyecto de ley de transición energética, que hace poco obtuvo luz verde de una comisión del Senado.

Otros pilares del proyecto de ley incluyen una medida para apoyar a los actores de las energías renovables afectados por vertimientos y desacople de precios, y cambios en la planificación del sistema de transmisión. El estrés financiero está pasando factura y recientemente una empresa de energías renovables se declaró en quiebra en EE.UU.

A fines de 2023 debía presentarse un proyecto de ley que contenga nuevas medidas de estabilización de precios para el usuario final. El fondo existente contiene miles de millones de dólares en deudas con las generadoras eléctricas, lo que suscita dudas en el sector sobre la posibilidad de recurrir al sector privado para subvencionar las cuentas de los usuarios finales.

De hecho, hay llamados a una mayor claridad pública sobre el costo real del suministro de electricidad, dada la necesidad de inversión en transmisión y distribución que, al menos inicialmente, ejercerá una presión al alza sobre los precios de la electricidad.

Entre los elementos de la lista legislativa de tareas pendientes se encuentra la reforma de la distribución, que se considera vital para lograr los objetivos de descarbonización.

SUBASTA DE OFERTA DEL MERCADO REGULADO

La Comisión Nacional de Energía (CNE) tiene en marcha un proceso de subasta de suministro regulado.

Las autoridades han incluido incentivos para el almacenamiento de energía y las energías renovables no variables, dividiendo la subasta en tres zonas geográficas (norte, centro y sur) y la posibilidad de transferir los costos sistémicos del mercado de corto plazo.

La CNE apunta a 5.000GWh/a, distribuidos en dos bloques de suministro: uno de 2.600GWh/a (que entrarán en funcionamiento en 2027) y otro de 2.400GWh/a (2028).

La subasta es una de las más esperadas por la industria en los últimos años, dado el proceso de cambio que vive el sector eléctrico y que solo una parte del suministro ofertado se adjudicó en una subasta de 2022.

En 2022, la CNE adjudicó 777GWh/a de nuevo suministro a partir de 2027 mediante contratos a 15 años a un precio promedio de US$37,4MWh/a. Las autoridades quierían obtener 5.250GWh/a. Entre las principales razones del resultado se citaron los crecientes costes de la capacidad eólica y solar y de la financiación, junto con el riesgo derivado de la congestión de la red (que afecta a los precios ofrecidos).

El mes pasado, la CNE aplazó las fechas del cronograma de la licitación de suministro a clientes regulados hasta abril de 2024, citando el tiempo necesario para que el Panel de Expertos —un organismo autónomo encargado de resolver disputas en el sector eléctrico— considere las discrepancias presentadas por una generadora con respecto al informe final de la subasta. Las ofertas originalmente debían presentarse este mes.

OBTENCIÓN DE PERMISOS

El gobierno se está preparando para publicar un proyecto de ley para reformar los permisos ambientales y sectoriales. Existe consenso político sobre la necesidad de acelerar el proceso sin comprometer los estándares. De las dos, la reforma de los permisos ambientales es la más sensible desde el punto de vista político.

La complejidad y los plazos asociados con la obtención de permisos para proyectos a menudo se citan como un obstáculo para la inversión, particularmente para las líneas de transmisión.

NORMAS TÉCNICAS DE CONFIABILIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO

El próximo año, consultores realizarán un análisis de las normas técnicas de confiabilidad y calidad del servicio de Chile, también conocido como código de red eléctrica.

Los funcionarios citan la necesidad de apoyar y adaptarse a la transición energética. El proceso para retirar las centrales eléctricas de carbón, aumentar la capacidad de almacenamiento de energía e impulsar la electrificación está cambiando el panorama energético del país.