Limbo legal tiene frenados 3 proyectos mineros centroamericanos por US$1.000mn

Tres proyectos de oro y plata con un gasto de capital asociado superior a US$1.000 millones se encuentran suspendidos en Centroamérica por retrasos y contratiempos vinculados a nuevas prioridades de los gobiernos.

Estos son Escobal y Cerro Blanco en Guatemala y Cerro Quema en Panamá.

La lista excluye a la mina Cobre Panamá de First Quantum, operación de US$10.000 millones que ha estado inactiva desde noviembre debido a las masivas protestas públicas contra la renovación de su contrato, declarado inconstitucional por la Corte Suprema el año pasado.

En Guatemala, Bernardo Arévalo juró como presidente el 15 de enero tras ganar las elecciones de agosto de 2023 con el 61% de los votos. Su mandato finalizará el 15 de enero de 2028.

En Panamá, José Raúl Mulino asumió el 1 de julio tras imponerse en los comicios generales de mayo con el 34,3% de los votos. Dejará el cargo el 30 de junio de 2029.

ESCOBAL

El proyecto de plata y oro de US$327 millones, propiedad de Pan American Silver es uno de los depósitos de plata más grandes del mundo y origen de uno de los conflictos ambientales más prolongados en Guatemala.

Las actividades de la minera con sede en Vancouver se encuentran suspendidas por acción directa de la comunidad y por orden del Tribunal Constitucional desde mediados de 2017. Antes de eso, Escobal producía 20 millones de onzas anuales (Moz/a) de plata.

En febrero, Kelvin Jiménez, abogado del Parlamento xinka, dijo a BNamericas que en abril debía iniciarse una consulta con el pueblo indígena xinka dispuesta por los tribunales para reanudar las operaciones. Sin embargo, el proceso aún no ha comenzado.

“En Escobal, continuamos nuestras reuniones con las instituciones del Gobierno guatemalteco durante el segundo trimestre de 2024 y en el tercer trimestre de 2024 para avanzar en el proceso de consulta del Convenio 169 de la OIT. Estas instituciones son los ministerios de Economía, Hacienda, Ambiente y Energía y Minas”, señaló Pan American en su informe de resultados del 2T.

“Durante este período también se realizaron visitas de verificación por parte del Ministerio de Energía y Minas y del Ministerio del Ambiente en el marco del programa de cuidado y mantenimiento de Escobal. Sigue pendiente la designación del viceministro de Desarrollo Sostenible, que asumirá la responsabilidad de supervisar el proceso de consulta”, agrega el informe.

Las comunidades xinka de la zona, en su mayor parte agricultores, se oponen desde hace más de una década a la mina operada por la filial Minera San Rafael y desde hace años vienen recopilando la información necesaria para realizar las consultas.

Si la consulta tiene éxito, la empresa podría demostrar la viabilidad de reanudar las operaciones en la mina.

Además de Escobal, Pan American Silver tiene una cartera de explotación y exploración de plata y oro en México, Perú, Canadá, Bolivia y Argentina.

CERRO BLANCO

El proyecto de oro Cerro Blanco, propiedad de US$572 millones de la canadiense Bluestone Resources, se ve entrampado en la incertidumbre debido a que el gobierno de Arévalo cambió sus prioridades políticas y, en paralelo, resurgieron protestas ambientales este año.

Bluestone Resources se creó en 2017 con la compra de Cerro Blanco y el proyecto geotérmico Mita. Cerro Blanco es un yacimiento aurífero de alta ley cercano a la superficie que alberga aproximadamente 3,1Moz en recursos medidos e inferidos. Un estudio de factibilidad demostró que podría producir más de 300.000oz anuales durante una vida útil inicial de 14 años.

El 21 de junio, la empresa informó que había iniciado un proceso de apelación luego de revisar los aspectos legales de la notificación recibida anteriormente del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) para impugnar el procedimiento que condujo a la aprobación de la modificación del permiso ambiental.

“Si bien la notificación está en apelación, la enmienda al permiso ambiental aprobada sigue siendo válida”, indicó Bluestone en un comunicado.

Esta aprobación de la enmienda, que Bluestone recibió en enero, cambió el método de explotación de desarrollo subterráneo a operación de superficie.

Funcionarios del gobierno indicaron en enero que tendrán que verificar la autorización que el antecesor de Arévalo, Alejandro Giammattei, otorgó a menos de una semana de finalizar su mandato.

Según Bluestone, “la enmienda aprobada al permiso ambiental cumplía y excedía los términos de referencia que el MARN instruyó a la empresa a seguir, y adhiere a la legislación guatemalteca”.

Agregó que “la modificación al permiso ambiental fue autorizada después de un período de revisión de 26 meses que consistió en múltiples visitas de campo y fue aprobada y firmada por un equipo de expertos gubernamentales de varios ministerios que participaron en las diferentes etapas del proceso”.

CERRO QUEMA

Orla Mining, con sede en Vancouver, informó el mes pasado que había iniciado un arbitraje contra Panamá tras el rechazo de los permisos de explotación de la mina Cerro Quema, activo de US$164 millones ubicado en la provincia de Los Santos. Orla reclama una compensación de al menos US$400 millones en virtud del tratado de libre comercio entre Canadá y Panamá.

En marzo, la empresa notificó su intención de iniciar un arbitraje bajo el TLC con miras a facilitar un período de consultas de 30 días para “llegar a una resolución amistosa”.

Orla agregó que la notificación de intenciones afirmaba que ciertas medidas adoptadas por Panamá constituían violaciones de sus obligaciones legales al amparo del TLC y del derecho internacional consuetudinario.

“Como no se llegó a ninguna resolución, la empresa procedió a presentar una solicitud de arbitraje el 3 de julio de 2024. El arbitraje será facilitado y administrado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) en Washington, D.C., de conformidad con sus reglas de arbitraje”, indica el informe de resultados de la compañía correspondiente al 2T.

El 15 de diciembre, Orla recibió tres resoluciones del Ministerio de Comercio e Industrias que rechazaban sus solicitudes de prórroga para las tres concesiones mineras que conforman el proyecto Cerro Quema y las cancelaban de manera retroactiva.

En abril, Orla afirmó que la cancelación se produjo después de que la Asamblea Nacional aprobara en noviembre una ley que introducía una moratoria para otorgar, renovar o extender concesiones de exploración o extracción de minerales.

Aunque la empresa pretende persistir con estos recursos legales “de manera enérgica”, Orla reiteró que prefiere una solución constructiva que beneficie a todas las partes.

Orla Mining tiene dos grandes proyectos de oro: Camino Rojo, en el estado mexicano de Zacatecas, y South Railroad, en Nevada. En el 2T, la minera aumentó sus estimaciones de producción de oro para el año completo a 120.000-130.000oz, por sobre su cálculo inicial de 100.000-110.000oz.

La compañía también redujo las estimaciones de costos sostenidos todo incluido (AISC) para 2024 de US$875-975/oz a US$800-$900/oz de oro vendido.

Según un estudio de prefactibilidad de 2021, el proyecto de oro a cielo abierto con lixiviación en pilas en Cerro Quema produciría en promedio 81.000 oz/a de oro durante una vida útil de 6 años.