Los factores que observan los analistas de S&P en el riesgo soberano de Chile

Mientras soplan vientos de cambio en Chile, la agencia de riesgo crediticio S&P monitorea la actualidad en tres frentes: crecimiento económico, finanzas públicas y Constitución.

Para ayudar a aliviar las tensiones sociales, el gobierno está trabajando en reformas en diversos ámbitos como salud y pensiones, modificaciones que implicarán un mayor gasto en el largo plazo.

En abril los chilenos deberán responder en las urnas si quieren una nueva Constitución y, de ser así, cuál será el mecanismo para redactarla.

Con las calificaciones 'A+ / AA-' y perspectiva estable, Chile posee la mejor evaluación crediticia de América Latina.

Joydeep Mukherji, director gerente de calificaciones soberanas de S&P, señaló: "La calificación se ha sostenido por ciertas características estructurales que aún existen y que no han desaparecido por las protestas".

Un área de preocupación es el crecimiento en el largo plazo, tradicionalmente fuertemente influido por el precio del cobre, su exportación clave. Debido a factores como la disputa comercial entre Estados Unidos y China, los precios del metal rojo se han debilitado, aunque sin desplomarse. Los mercados del cobre también se han visto sacudidos por temores por el coronavirus; sin embargo, esta semana se observó un repunte de 1,5% en la cotización.

Mientras tanto, la demanda interna se ha visto afectada por las protestas y se estima que la inversión privada sufrirá una caída de alrededor de 4% este año en medio de la incertidumbre, en parte vinculada a las demandas de una nueva Constitución.

“El tema, para nosotros, es hasta donde esto es un problema de muy largo plazo o en qué medida el crecimiento puede recuperarse a los niveles que veíamos antes de las protestas. Es en parte una cuestión política en términos de manejo de las expectativas y generación de confianza en el país”, precisó Mukherji en una teleconferencia de S&P sobre calificaciones soberanas en mercados emergentes.

Después de dos meses de contracciones profundas asociadas a los disturbios sociales que estallaron en octubre, la economía se expandió 1,1% el último mes de 2019, según información preliminar del Banco Central. La mayoría de los observadores del mercado esperaban una cifra de crecimiento negativa o nula. Hoy se anticipa una expansión anual de alrededor de 1% en 2020, en línea con las estimaciones para 2019. La economía creció 4% en 2018.

Otra área que S&P está siguiendo de cerca son las cuentas públicas. Se proyecta que el déficit estructural de Chile se ampliará a 3,2% este año a partir del 1,5% de 2019. Las autoridades estiman que el déficit bordeará el 1% en 2024, mientras que paralelamente se espera que aumente la relación deuda-PIB, actualmente en niveles bajos.

El Congreso aprobó recientemente un proyecto de ley de reforma tributaria diseñado para recaudar US$2.200mn adicionales en ingresos por año.

Según Mukherji, “el gobierno obviamente tendrá que gastar más en varios programas sociales, educación, salud y otras cosas, como consecuencia de estas protestas. La pregunta es cómo lo pagará".

“En el pasado, cuando Chile aumentó el gasto, particularmente para educación hace un par de años, lo hicieron con mucha prudencia".

“Para nuestra calificación no importa si el gasto en servicios sociales aumenta en cierto porcentaje o no; esa es una decisión soberana. Para nosotros, es más importante ver cómo se financia, si conduce a un aumento constante de la deuda o si se financia a través de ingresos, de modo que la deuda sea estable o no aumente demasiado”.

El tercer factor es la Constitución, área de incertidumbre que podría afectar al país durante los próximos años y fuente de preocupación para algunos, que prevén cambios en las condiciones de inversión futuras. Quienes exigen un cambio sostienen que la constitución es ilegítima, porque fue redactada durante la dictadura y contribuye a la desigualdad de ingresos y a una red débil de seguridad social.

El gobierno preguntará a los chilenos si quieren una nueva Constitución. De ser así, el país debería tener el texto a fines de 2021.

"Este proceso lo observaremos con mucha detención, porque, insistimos, si se lleva a cabo de manera muy institucional y responsable, creo que respaldará la confianza interna y no hará ningún daño, al menos en el corto plazo, al crecimiento económico", planteó Mukherji.

"Si se hace de otra manera, podría tener algún impacto, ciertamente en el largo plazo", agregó.

El presidente del Banco Central, Mario Marcel, señaló en diciembre que la incertidumbre era difícil de medir y que la reforma constitucional no era nueva.

"Si miramos experiencias constitucionales en otros países del mundo en los últimos 25-30 años, no se encuentran muchos casos en los cuales se haya producido un problema económico significativo por el hecho de haber una discusión constitucional", indicó Marcel.

“Es interesante mirar esa experiencia, desde Colombia en 1991 hasta varios países europeos que han aprobado constituciones recientemente. Miremos lo que ha sido la experiencia práctica, para que no nos quedemos solamente en la especulación sobre lo que pueda ser un debate constitucional".