Los límites de la estrategia de inversión del Gobierno boliviano

La disputa entre el Gobierno Central y los subnacionales de Bolivia por los retrasos en obras públicas demuestra los límites de la estrategia del Poder Ejecutivo de priorizar las inversiones a nivel nacional, según Gabriel Espinoza, exdirector del Banco Central. 

El enfoque del gobierno "ha dejado en una situación bastante complicada a muchos municipios", dijo Espinoza a BNamericas.

Durante las últimas semanas, el Ministerio de Obras Públicas advirtió que los gobiernos regionales tienen grandes deudas por obras viales que deben pagarse para reactivar los respectivos proyectos. Los departamentos de Santa Cruz y Beni presentan las deudas más altas, de US$16 millones y US$49 millones, respectivamente.

Para resolver el impasse, el Gobierno Central estableció un fideicomiso de 2.000 millones de bolivianos (US$290 millones) para ayudar a las autoridades subnacionales a financiar proyectos de infraestructura, a los que se les ha otorgado un papel central en la estrategia de recuperación económica del presidente Luis Arce.

Espinoza dijo que las causas de los problemas en realidad se remontan a la gestión de Arce como ministro de Economía y Finanzas Públicas porque, desde 2017, las autoridades de La Paz han estado aplicando un “ajuste diferenciado” del gasto público, por lo que administración central maneja el 85% del presupuesto general.

Agregó que el 15% restante tiene que dividirse entre 9 gobiernos departamentales y 336 municipios.

“Esto ha dejado en una situación bastante complicada a muchos municipios que habían asumido obligaciones y contrapartes bastante grandes y, en la medida que han visto caer sus ingresos tanto por esta estrategia de financiamiento del gobierno como por la caída de precios de los hidrocarburos, los han dejado desbalanceados en sus obligaciones de largo plazo”, explicó Espinoza.

En el caso específico de los municipios, señala que los alcaldes están ahora siendo presionados por proyectos en los que no participaron en la planificación, como en el sistema Mi Tren, proyecto valorado en US$447 millones en la ciudad de Cochabamba, cuyo alcalde Manfred Reyes es acusado de bloquear la ejecución de una de las tres líneas debido a desavenencias sobre los diseños.

Según Espinoza, el tren ligero fue impulsado inicialmente por el Gobierno Central e intereses comerciales de la ciudad, "pero de ninguna manera estaba coordinado o consensuado, al menos en el inicio, con la alcaldía de Cochabamba".

El exfuncionario del Banco Central dice que esto también se aplica a la infraestructura deportiva, ya que el Gobierno Nacional era responsable de obras de construcción, pero las administraciones subnacionales debían encargarse del mantenimiento y el personal sin tener a menudo voz durante la etapa de planificación.

Espinoza criticó además al fideicomiso del gobierno, ya que cree que aumentará la deuda de las administraciones regionales y municipales en un momento en que la recuperación económica "es todavía muy frágil".