Los obstáculos que enfrentan los proyectos de desalinización de las mineras en Chile

La falta de una normativa específica sobre desalinización de agua de mar en Chile, entre otras dificultades como la ecología marina, están poniendo presión a las empresas mineras que buscan instalar u optimizar sus plantas.

De 24 desaladoras que operan en el país, el 85% pertenece al sector minero. Existen también siete proyectos en etapa de factibilidad y doce en otras fases de desarrollo.

Sin embargo, la minería requiere más agua. La agencia estatal Cochilco prevé que el consumo hídrico crecerá a una tasa anual de 2,3% entre 2022 y 2034, período en que la minería del cobre seguirá volcándose hacia los minerales de sulfuros y procesos más intensivos en agua, como la flotación, por el agotamiento de los minerales oxidados.

Para 2034 casi el 70% del suministro de agua provendrá del océano, anticipa Cochilco. Compañías como BHP en Escondida, Lundin Mining en Candelaria, Mantos Copper en Mantoverde, Antofagasta Minerals en Centinela y Antucoya, y Minera Las Cenizas están operando con agua de mar y poseen planes de expansión.

Otros actores quieren sumarse a la tendencia para reducir el uso de agua continental, pero existen retos.

INDUSTRIA NO REGULADA

En Chile no existe una regulación particular para la desalación y las concesiones marítimas no son un título habilitante para extraer agua del océano, sino que únicamente permiten realizar obras.

Estos motivos sustentan el debate que se lleva en el Senado en torno a un proyecto de ley que busca regular el agua de mar para desalinización, crear una estrategia nacional, definir prioridades en el consumo y determinar zonas donde se podrán implementar nuevos proyectos.

Otros aspectos claves son:

– Crear una tipología única de ingreso al Servicio de Evaluación Ambiental para los proyectos de extracción de agua de mar y desalinización de carácter industrial.

– Incorporar las plantas desaladoras en la Ley de Urbanismo y Construcciones para lo referente a permisos de edificación e identificación de redes, trazados y ductos.

– Garantizar disponibilidad de agua a las comunidades aledañas con una reserva de capacidad de hasta un 5% de los proyectos industriales.

Para ver más detalles de la propuesta legislativa, descargue la presentación de la Asociación Chilena de Desalación desde la sección Documentos al costado derecho de la pantalla.

El proyecto legislativo es revisado en la comisión de recursos hídricos del Senado y probablemente será acogido, dado que en Chile más del 60% de la superficie y sobre el 70% de la población están bajo estrés hídrico, según un informe de la cámara.

DESAFÍOS ADICIONALES

A la incorporación de tecnologías para afrontar los cambios del ambiente marino, como el aumento de la temperatura; la variación de la salinidad; la descarga de nutrientes, fertilizantes o aguas residuales; y el crecimiento estacional de algas y medusas se sumarían los posibles impactos de otras normativas.

La Ley N°20.249, conocida como Ley Lafkenche, busca proteger el espacio costero marino para uso legítimo de los pueblos originarios. Sin embargo, podría ser mal utilizada por otros grupos con fines de obstaculizar proyectos de inversión, han advertido en el sector.

Nicolás Calderón, socio del área de cambio climático y sostenibilidad de la consultora EY, dijo a BNamericas que es esencial avanzar en establecer criterios claros que definan la pertenencia a los pueblos originarios y aseguren el uso adecuado del espacio costero.

“Si bien la ley es un buen paso en los derechos de los pueblos originarios, es importante transitar hacia una gestión del espacio costero que sea flexible y sostenible, para que exista un equilibrio entre la protección de las tradiciones indígenas y la posibilidad de desarrollo de proyectos de inversión”, puntualizó.

Calderón defiende que se imparta educación sobre la conservación costera “con participación de comunidades indígenas y de la comunidad en general, y que se entregue un marco claro para la inversión, con instancias de resolución de conflictos y sistemas de monitoreo ambiental y cultural”.

PROYECTO DE DESALINIZACIÓN

La cuprera estatal chilena, Codelco, está construyendo una planta desaladora en la Región de Antofagasta con una inversión de más US$1.000 millones, la cual usará tecnología de osmosis inversa y contará con una capacidad inicial de 840l/s.

La planta abastecerá a las operaciones Chuquicamata, Ministro Hales y Radomiro Tomic de Codelco a partir de 2026 y tiene en carpeta una futura expansión a 1.956l/s.

El sistema de captación e impulsión de agua es construido por el consorcio Aguas Horizonte bajo una modalidad contractual que implica la operación y posterior traspaso a Codelco, mientras que la ingeniería, procura y construcción está a cargo de Techint Ingeniería y Construcción.

Techint ha descrito al proyecto como “una de las obras de mayor complejidad técnica” en sus más de 70 años en Chile.