Mineras enfrentan crecientes riesgos en Centroamérica

Empresas mineras con presencia en Centroamérica enfrentan un creciente riesgo político en un momento en que los legisladores presionan por detener nuevos proyectos e imponer considerables alzas de regalías.

Políticos y ONG están llamando a suspender la entrega de nuevas licencias mineras en Honduras, Panamá y Guatemala, y en estas dos últimas naciones piden un aumento de regalías que, según advierten directivos de la industria, detendrían la inversión.

MORATORIAS MINERAS

En Honduras, el gobierno de partido izquierdista Libre de la presidenta Xiomara Castro anunció planes para prohibir la minería a cielo abierto aproximadamente un mes después de llegar al poder a fines de enero.

Un comunicado de la Secretaría de Ambiente (MiAmbiente) del 28 de febrero detalló planes para cancelar los permisos mineros y declarar al país libre de minería a cielo abierto bajo el argumento de que la actividad es dañina para el Estado, causa daños a la salud pública y limita el acceso al agua.

El comunicado agrega que el gobierno planea imponer una moratoria a nuevos proyectos de exploración y explotación, además de revisar, suspender y cancelar permisos y concesiones ambientales.

Las áreas de alto valor ecológico también serán protegidas de inmediato para asegurar su conservación y beneficiar a la población.

Sin embargo, el gobierno aclaró posteriormente que las propuestas no afectarán las operaciones existentes, entre las que figuran la mina de oro San Andrés de Aura Minerals.

“La medida nunca tuvo un efecto retroactivo para despojar a quienes ya obtuvieron sus licencias, ni despojarlas de sus [licencias] anteriores”, declaró a la prensa el secretario de Recursos Naturales, Ambiente y Minas, Lucky Medina.

El funcionario señaló además que el enfoque de las acciones de supervisión de la cartera está dirigido a la minería no regulada y que las empresas con permisos de operación vigentes podrán continuar con sus actividades, indicó Aura en un comunicado.

“MAL NEGOCIO”

Los políticos también están presionando por una moratoria sobre nuevos proyectos mineros en Guatemala en medio de la inquietud por los impactos ambientales.

El partido Semilla señala que los proyectos deberían detenerse durante 10 años y que las licencias que expiran no deben renovarse.

El diputado Román Castellanos calificó a la industria como un “mal negocio” para Guatemala y planteó que el marco legal actual ha permitido el despilfarro del patrimonio nacional y el enriquecimiento de funcionarios públicos, políticos y empresarios.

El partido pidió además que se cancelen las licencias mineras para áreas superiores a 5km2 y que las minas en operación paguen una regalía de 51%, comparada con la tasa de 7,5% que se aplica en México.

Si bien es poco probable que la propuesta gane terreno, ya que Semilla posee apenas 6 de los 160 escaños del Congreso, llega en un momento difícil para la industria minera guatemalteca, luego de denuncias por contaminación y sobornos presentadas contra Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), filial de la suiza Solway Investment Group y operador de la mina local Fénix.

Solway rechazó las acusaciones, que calificó de falsas, pero abrió una investigación.

La mina Fénix reanudó sus operaciones a principios de este año luego de que se restableciera su licencia minera tras una consulta con comunidades indígenas dispuesta por un tribunal.

Otras grandes minas de propiedad extranjera en Guatemala —el activo de plata Escobal de Pan American Silver y la operación aurífera Tambor de Kappes, Cassiday & Associates— también se encuentran suspendidas. Se está desarrollando una consulta similar en Escobal, donde la producción está detenida desde 2017.

PROPUESTAS EN PANAMÁ

La Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá (Fedap) también presentó una propuesta orientada a detener los nuevos proyectos mineros y advierte que las concesiones mineras están dañando la biodiversidad en Centroamérica.

“Desde Honduras hasta Costa Rica se han emitido leyes que prohíben la minería metálica, y este proyecto que propone la federación, integrada por más de 40 gremios de profesionales, solo es un reflejo de que el 90% de los ciudadanos se opone al desarrollo de esta industria”, señaló el presidente de Fedap, Donaldo Sousa, citado por Bloomberg.

Sin embargo, una preocupación mayor para el sector minero panameño es una iniciativa de ley que plantea un alza considerable de regalías, que ya pasó un primer debate en el Congreso el año pasado.

La moción implicaría regalías de hasta un 40% sobre las ventas brutas para las mineras metálicas, mucho más que en otros países de la región y que la tasa de entre 4% y 8% de que se cobra actualmente en operaciones de oro y plata.

La cámara minera Camipa, que lanzó una campaña en contra de las propuestas, advirtió que las regalías propuestas cerrarían la puerta a la industria.

“Los desafíos del sector minero deben ser enfrentados con seriedad, sentido común, con rigor técnico y científico y sobre la base de consultas técnicas y logro de consensos bien informados y no al calor de consideraciones políticas y de intereses muy particulares”, declaró en su cuenta de Twitter.

La propuesta llega además en un momento complicado para la industria, luego de la implementación de una marcada alza de regalías para Cobre Panamá, mina de cobre y oro de First Quantum Minerals valorada en US$6.500 millones.

El Ministerio de Comercio e Industrias continúa redactando el nuevo contrato, que debe ser aprobado por el Congreso.

La anterior regalía de 2% sobre los ingresos en Cobre Panamá será reemplazada por una tasa de 12-16% sobre la utilidad bruta según el contrato y el Estado recibirá US$375 millones anuales en beneficios de la mina.

PANORAMA SUBREGIONAL

En República Dominicana, las ambiciones del gobierno de reactivar el crecimiento de la minería se han estancado y el proyecto de expansión de US$1.300 millones para la operación Pueblo Viejo de Barrick Gold (en la imagen) enfrenta un futuro incierto ante la oposición a la presa de relaves planificada.

A pesar del viraje de Nicaragua hacia el autoritarismo en el cuarto mandato consecutivo de Daniel Ortega, el país sigue siendo un raro ejemplo de una jurisdicción minera relativamente estable, con empresas que están invirtiendo en una nueva ola de proyectos de crecimiento.

En cuanto a Costa Rica y El Salvador, la legislación antiminera sigue frenando la inversión.

El riesgo para la minería en Centroamérica y el Caribe no es nuevo. República Dominicana, Panamá, Guatemala y Nicaragua se ubicaron en los 8 últimos lugares en atractivo para la inversión entre 83 jurisdicciones internacionales en la Encuesta Anual a Empresas Mineras de 2018 del Instituto Fraser.

En la encuesta de 2020, todos los países habían salido de la lista debido a la falta de respuestas de la industria, con la excepción de República Dominicana, que había escalado al puesto 59 entre 77 jurisdicciones.