Mineras se muestran cautelosas ante intento de Guatemala de levantar suspensiones

Las autoridades guatemaltecas se proponen concluir con premura las consultas con las comunidades indígenas, lo que allanaría el camino para la reanudación de operaciones en minas que podrían desempeñar un papel clave en la recuperación económica del país.

Sin embargo, las empresas mineras mantienen cautela en medio de la incertidumbre sobre el calendario de las consultas y las complicaciones relacionadas con una demanda de arbitraje en curso y un entorno político y de relaciones comunitarias complejo.

Las tres principales minas de propiedad extranjera en Guatemala —el activo que producen principalmente plata Escobal  (en la imagen), de Pan American Silver; la operación de oro Tambor, de Kappes, Cassiday & Associates (KCA); y la mina de ferroníquel Fenix, de Solway Investment Group— han sido suspendidas en los últimos años en parte debido a amparos presentados por la ONG Calas con el argumento de que las comunidades indígenas locales no fueron consultadas por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) en su proceso de concesión de licencias.

Las comunidades indígenas tienen derecho a consultas previas sobre proyectos que podrían afectarlos según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del cual Guatemala es signataria.

Pero el MEM concluyó con éxito una consulta ordenada por un tribunal con las comunidades indígenas de los alrededores de la mina Fénix, que reinició sus operaciones en enero.

PROCESO DE EFICACIA COMPROBADA

El ministerio ahora tiene como objetivo utilizar el proceso de Fenix como modelo para acelerar otras consultas.

“Ya tenemos una metodología probada y comprobada que funciona y la estaremos aplicando en otros procesos que están en desarrollo”, dijo el ministro Alberto Pimentel, citado por el medio Diario Centroamericano en marzo.

“La dinámica del derecho de extracción en Fenix nos demostró que es posible organizar a todas las instituciones involucradas y, en pocos meses, llevar a cabo los consensos, que implican más que simplemente una mesa de diálogo”, agregó.

Como resultado, el MEM espera terminar la consulta en Escobal, que ha estado suspendida desde 2017, dentro de unos meses, y completar un nuevo proceso en Tambor para fines de 2022.

RESPUESTAS DE LA EMPRESA

A pesar del optimismo del ministro, Pan American tiene una visión cautelosa de los procedimientos y no ofrece un calendario estimado para un posible reinicio en Escobal, que era una de las minas de plata más grandes de Latinoamérica, con una producción de alrededor de 20 millones de onzas anuales.

“Nos complace que el proceso de consulta [en Escobal] esté avanzando, respetando el derecho a la consulta del pueblo xinka”, señaló a BNamericas un vocero de Pan American en un correo electrónico.

“Nuestra filial, PAS Guatemala, participa del proceso de consulta. No hay cronograma para finalizar el proceso ni fecha para reiniciar las operaciones”, explicó.

Y la situación sigue siendo compleja en Tambor, ya que KCA continúa con una demanda de arbitraje contra Guatemala.

La compañía indicó que no podía comentar debido al reclamo en curso, presentado en 2018.

En el último avance publicado en el sitio web del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, un tribunal se pronunció sobre la admisibilidad de nuevas pruebas en febrero. No se han dado detalles de la decisión.

RELACIONES COMUNITARIAS TURBULENTAS

Otro desafío para el impulso de Guatemala para reiniciar la minería surge de las relaciones comunitarias.

Además de las suspensiones de licencias, tanto Tambor como Escobal se vieron afectadas anteriormente por protestas —algunas de ellas violentas— y un bloqueo de carreteras en esta última, que comenzó cuando la mina estaba bajo la gestión de Tahoe Resources, que Pan American adquirió en 2019.

Además, la actitud contraria a la minería sigue siendo un problema en el país.

El Gobierno de Guatemala impuso un estado de prevención de 30 días, que restringe el movimiento, en el municipio de El Estor, departamento de Izabal, a fines del año pasado, para sofocar las protestas contra la minería cuando la consulta de Fenix se acercaba a su conclusión.

Volcanic Gold Mines también informó de un ataque en su proyecto Holly en el país en febrero, en el que un grupo de personas bombardeó una plataforma de perforación y causó graves daños.

La compañía aseveró que el ataque siguió a una campaña de desinformación sobre los impactos de la minería por parte de lo que llamó un pequeño grupo.

Volcanic dijo que las principales comunidades de Holly apoyan el proyecto y ha lanzado una serie de reuniones con autoridades desde el nivel nacional hasta el municipal en respuesta al incidente.

“De estas reuniones se desprende que el gobierno central y el gobierno departamental de Chiquimula apoyan el proyecto Holly y trabajarán con Volcanic para recuperar la licencia social”, indicó la empresa a fines de marzo.

COMBO POLÍTICO

La administración del presidente Alejandro Giammattei ha señalado un fuerte apoyo a la minería, y el año pasado Pimentel destacó el potencial del sector para generar un crecimiento espectacular.

La minería podría crecer a más de 5% del PIB en comparación con menos de 0,5% actual, afirmó Pimentel en septiembre, si se aborda la falta de un marco político adecuado.

Pero los políticos, como las comunidades, están divididos en sus actitudes hacia la industria.

Semilla, un partido de oposición local, solicitó suspender por 10 años los nuevos proyectos mineros, calificando a la industria como un “mal negocio” para Guatemala, debido a la contaminación ambiental y su incapacidad para beneficiar al país.

Guatemala ocupó el cuarto lugar más bajo de 76 jurisdicciones a nivel mundial en cuanto a atractivo de inversión en la encuesta a mineras publicada por el Instituto Fraser en 2019, antes de salir de la lista en el último informe de 2020 debido a la falta de respuestas de la industria.