Nueva legislación minera mexicana podría ser golpe mortal para las júniors

La nueva legislación minera promulgada en México podría ser un golpe mortal para la mayoría de las júniors, advierten diversos actores de la industria.

Las reformas fueron aprobadas por vía rápida en el Senado y publicadas en el Diario Oficial, en medio de críticas de la oposición y el sector privado. La duración máxima de las concesiones fue reducida de 100 a 80 años y el servicio geológico SGM u otras entidades federales obtuvieron derechos exclusivos de exploración. Puede descargar la nueva ley en la sección Documentos en la esquina superior derecha de la pantalla.

“Al quedar el SGM prácticamente con el control de las concesiones mineras, se está acabando con las empresas de exploración júnior, que son la mayoría en el país. Por no decir que todas, la mayoría es de inversión extranjera”, dijo a BNamericas Ariel Navarro, vicepresidente de exploración de Reyna Silver.

“¿Y qué compañía va a querer tener de socio al SGM o va a querer hacer negocios con el gobierno? Las compañías de exploración júnior, al llegar a México, cuentan con el capital suficiente para invertirlo en sus proyectos, por lo que no necesitan ni quieren socios, menos al SGM,” añadió Navarro.

Representantes de la asociación local de ingenieros de minas, metalurgistas y geólogos AIMMGM y de la Cámara de Comercio de Canadá (CanCham) manifestaron previamente a BNamericas que el SGM no cuenta siquiera con los recursos necesarios para realizar exploración.

El presidente de la cámara minera Camimex, Jaime Gutiérrez, señaló en una conferencia en línea en abril que las filiales invierten cerca de US$1.000 millones anuales en exploración. Por su parte, el presidente del comité de minería de CanCham, Armando Ortega, precisó que las mineras canadienses destinan unos US$700 millones anuales a actividades exploratorias en México.

La reforma se considera más flexible que la propuesta original del gobierno, porque estipula que se pueden celebrar contratos de exploración de cinco años no prorrogables con particulares que tengan información sobre la existencia de minerales en lotes no asignados.

De encontrarse minerales en ellos, los particulares podrán obtener la concesión si ofrecen al menos un 90% de la propuesta más alta y cumplen con los requisitos de la ley.

En recientes comentarios a BNamericas, Ortega indicó que a los inversionistas canadienses aún les preocupa que se haya dejado en manos del Estado la última palabra sobre abrir o no la llave de la exploración.

Navarro planteó que dejó de haber certidumbre para que las mineras extranjeras inviertan más, porque el SGM o la Secretaría de Economía podrían cancelarles la concesión.

“O bien, al vencerse el tiempo de la concesión —el cual se redujo considerablemente—, no tendrán las compañías ninguna garantía de poder volver a renovarla”, agregó.

La Secretaría de Economía puede cancelar las concesiones si las empresas no realizan oportunamente los pagos de contribuciones por dos ejercicios consecutivos, si no presentan los informes obligatorios o si no inician los trabajos correspondientes en el plazo de un año, entre otras causales.

El vicepresidente de exploración de Reyna Silver recordó que “les están pidiendo a las compañías de exploración estudios de informe preventivo, cambio de uso de suelos, manifestación de impacto ambiental, que son estudios o trámites qué se hacen cuando ya se descubrió mineral”.

“Por si fuera poco, también pedirán un estudio hidrológico, donde asegures que al menos cuentas con un 30% de agua en tu proyecto para no afectar a comunidades vecinas. ¿Qué significa esto? Que tendrán que invertir las compañías cantidades enormes de dinero en trámites y estudios innecesarios al principio de una etapa de exploración, cuando ni siquiera saben si el proyecto será redituable”, puntualizó Navarro.

“Considero que es el fin de las compañías de exploración minera júnior”, sentenció.

El enfoque principal de Reyna Silver es la exploración de su proyecto Guigui (en la foto), ubicado en el estado Chihuahua.

DOS ESCENARIOS

El geólogo minero Armando Alatorre dijo a BNamericas que el SGM no controlará las concesiones, sino “controlará la exploración y, según los resultados que obtenga, se licitarán nuevas concesiones”.

Agregó que, si bien las júniors llevan a cabo mucha exploración nueva, no están a cargo de toda la exploración en la actividad minera.

El experto coincidió en que la reforma podría hacer inviable la exploración minera para las júniors, porque, en la práctica, tendrían que esperar que el SGM explore y eventualmente saque a licitación las áreas para que empresas privadas las lleven a producción. 

“Ergo, en este escenario se deduce que la exploración por júniors desaparecerá por completo”, indicó Alatorre.

En una perspectiva más optimista, el geólogo señaló que aquellas compañías que ya tienen concesiones otorgadas desde antes de la reforma tienen sus derechos vigentes, en teoría. “En consecuencia, se puede suponer que continuarán con sus trabajos para terminar las exploraciones iniciadas en algún momento”.

“Esas júniors, eventualmente, cuando terminen su exploración, podrán transferir, como ha sido siempre, los derechos de esas concesiones a alguien que las pueda llevar a producción”, agregó.

Habrá que esperar el plazo de 180 días para que la reglamentación correspondiente disipe las dudas de si la reforma estructural implica el fin de las júniors.