Nuevas normas de saneamiento de Brasil posibilitarán inversiones por US$140.000mn

El Senado brasileño aprobó el miércoles un nuevo marco legal para el sector de saneamiento, lo que puede abrir la puerta a una serie de proyectos y mayor participación del sector privado.

Unas 100 millones de personas, o casi la mitad de la población brasileña, carecen aún de servicios de saneamiento y el gobierno espera alcanzar su universalidad para 2033. Para ello se requerían inversiones por alrededor de 753.000mn de reales (US$140.000mn), según un estudio reciente de KPMG.

"El volumen de inversión que necesita el sector es tan grande que se deben buscar muchos recursos de diferente origen, no solo de los bancos de desarrollo estatales. Creo que crecerá la demanda de operaciones de project finance del sector de saneamiento", dijo a BNamericas Luiz Miguel Santacreu, analista de la calificadora local Austin Ratings, especialista en bancos y financiamiento estructurado.

BRK Ambiental, que brinda servicios en 12 estados brasileños y atiende a 15 millones de personas, planea invertir 20.000mn de reales en sus operaciones dentro de los próximos años. "El aumento de las inversiones en esta área, estimulado por el nuevo marco regulatorio, garantizará una cadena de beneficios", señaló su presidenta ejecutiva Teresa Vernaglia. 

"Un elemento importante a destacar es que, bajo este nuevo marco regulatorio, todos los actores del sector tendrán más certeza jurídica y reglamentaria", dijo a BNamericas Gustavo Guimarães, presidente ejecutivo de Iguá Saneamento.

Ahora que el Senado aprobó el proyecto de ley, solo queda que el presidente Jair Bolsonaro lo promulgue, lo que probablemente tendrá lugar en las próximas semanas.

Su administración trabajó con líderes del Congreso para aprobar el nuevo marco legal con el fin de impulsar una mayor inversión en la economía que ayude a mitigar los efectos económicos de la pandemia, así como mejorar la confianza de los inversionistas hacia Brasil en medio de un escenario político turbulento.

NUEVAS REGLAS

Según el proyecto de ley, se mantendrán los contratos que ya están vigentes con empresas estatales y, hasta marzo de 2022, pueden prorrogarse por otros 30 años.

Sin embargo, primero se debe demostrar que estos contratos son viables desde el punto de vista económico y financiero. Las empresas deben probar que pueden cumplir sus compromisos financieros, lo que no será fácil para muchas compañías estatales que atraviesan problemas de liquidez. 

Además, todos los nuevos contratos incluirán objetivos programados hasta 2033 para que esas firmas alcancen la cobertura de saneamiento universal en las áreas en que prestan servicios.

Con el nuevo proyecto de ley se reducirá significativamente el dominio de las empresas estatales o municipales de aguas, lo que facilitará que más empresas privadas participen en la industria.

"El cambio real en el sector tendría lugar después de marzo de 2022, cuando es probable que actores privados asuman una serie de contratos", dijo a BNamericas el director del área de saneamiento de Fitch Ratings, Gustavo Mueller.

Las administraciones municipales que gestionan los contratos de saneamiento estarán obligadas a convocar licitaciones por estos servicios. Anteriormente los municipios podían renovar automáticamente sus contratos con las empresas estatales de aguas, y la mayoría de las autoridades locales optaba por hacer eso con el fin de reducir la burocracia.

Los servicios de aguas bajo el control de gobiernos estatales manejan alrededor del 75% de los ingresos del sector; las empresas municipales, cerca de 20%; y solo el 5% está en manos de privados.

"A largo plazo es realista considerar una participación privada de 40%. Con un régimen de metas para lograr una cobertura universal, muchas compañías públicas verán que es inviable para sus operaciones", comentó Mueller.

PRIVATIZACIONES

Otro factor importante detrás de la aprobación del Senado a los cambios es el hecho de que los gobiernos estatales podrán avanzar con la privatización de sus respectivas empresas de servicios hídricos.

Las tres mayores empresas estatales de aguas en Brasil, que serían muy codiciadas por los inversionistas, son Sabesp, que atiende a São Paulo, Sanepar, que presta servicios a Paraná, y Copasa, a Minas Gerais.

Los gobiernos de los estados de São Paulo y Minas Gerais ya han declarado sus intenciones de privatizar los servicios hídricos, pero no está claro cómo avanzarían esos planes y cuáles serían los plazos. Esos gobiernos estaban esperando que el Senado aprobara el nuevo marco legal del sector antes de avanzar con las privatizaciones.

En tanto, el regulador nacional del agua, ANA, tendrá la facultad de establecer reglas aplicables en todo el país. En la actualidad, la mayoría de las regulaciones del sector de saneamiento son definidas por las autoridades estatales.

Con el enorme potencial de la industria, muchos actores que participan en otros sectores ya barajan adaptarse para ingresar a la industria de agua y saneamiento. Tal es el caso de CCR, Equatorial Energia y Vinci Partners.

"Hay una gran falta de inversión y capacidad de gestión en las empresas de este sector. Sabemos cómo actuar para resolver estos problemas", indicó José Guilherme Souza, socio de la firma de inversiones Vinci Partners, especializada en activos de infraestructura, según el diario O Estado de S. Paulo.

Con los masivos planes de inversión para el sector y el aumento esperado de la participación privada, es probable que el segmento de financiamiento de proyectos también se beneficie.

Actualmente los bancos estatales Caixa Econômica Federal y BNDES son los principales financiadores de iniciativas de saneamiento en Brasil.