Organización indígena ecuatoriana amenaza con levantamiento antiminero

La mayor organización indígena de Ecuador, Conaie, esté intensificando su oposición a la política minera de la administración de Daniel Noboa.

“Pedimos a todas las comunidades de todos los territorios levantarse. Hay que sacar a la minería de nuestros territorios con la lucha y la resistencia. Vamos a defender nuestros territorios”, señaló el presidente de Conaie, Leonidas Iza, a la prensa.

El dirigente añadió que el levantamiento se planificará durante una asamblea en Quito el viernes.

Se han producido acciones violentas para frenar la etapa de información y socialización del Ministerio de Ambiente vinculada al proceso de consulta ambiental sobre las etapas de explotación y beneficio de minerales de La Plata, concesión minera polimétalica de US$176 millones.

La consulta ambiental es un paso necesario para que el titular de la concesión, Atico Mining, obtenga la licencia para iniciar la construcción de la mina.

La Policía informó que un grupo de personas irrumpieron en un evento de participación ciudadana el lunes en el poblado de Palo Quemado, en la provincia de Cotopaxi, y atacaron a los asistentes y policías. El incidente dejó a dos efectivos lesionados, otros tres fueron capturados por los manifestantes y luego liberados, y dos vehículos resultaron incinerados.

El Frente Nacional Antiminero, que agrupa a activistas e indígenas que se oponen a la minería metálica, señaló en medios sociales que hubo 15 manifestantes heridos.

En julio pasado, el ministerio inició el proceso de consulta ambiental en La Plata, pero debió frenarlo por razones de seguridad. El proceso se retomó el martes.

“Lo que ahora vemos en Palo Quemado es lo mismo que se vio en julio del año pasado, gente externa llega a la comunidad movilizada por la Conaie y la prefectura de la provincia, en un intento de frenar la minería a través de la violencia”, dijo a BNamericas el exviceministro de Minas Fernando Benalcázar.

“Las mismas personas identificadas por actos violentos en julio pasado son parte de las 70 ahora identificadas e investigadas por terrorismo por la Fiscalía”, agregó.

La prefectura es dirigida por Lourdes Tibán, integrante del movimiento indígena Pachakutik.

Benalcázar añadió que las comunidades de Palo Quemado no solo apoyan el proyecto, sino que condenan la violencia y las amenazas que reciben de grupos antimineros.

“No son personas de las comunidades en influencia directa e indirecta del proyecto las que protestan y generan actos violentos, son personas ajenas, entre ellas dirigentes del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi, quienes tienen intereses en la industria de la caña de azúcar, entre otras, y quienes están alineados con los movimientos indígenas de protesta permanente, como es el caso de la Conaie”, añadió.

La Conaie argumenta que el proceso de consulta ambiental y el de consulta previa, que deben realizarse con las comunidades indígenas y pueblos ancestrales, deben estar reglamentados por ley.

Sin embargo, en noviembre pasado, la Corte Constitucional declaró inconstitucional un decreto ejecutivo emitido por el presidente Guillermo Lasso para normar las consultas, aunque su vigencia se mantendrá hasta que se expidan las leyes respectivas.

Con esa decisión se tuvo luz verde para que avancen los procesos de varios proyectos mineros, entre ellos el del complejo de cobre, oro y plata Curipamba, que en enero pasado obtuvo la licencia ambiental para iniciar la construcción. El Ministerio de Ambiente espera finalizar la consulta de La Plata este año.

Benalcázar anticipa que, pese a los problemas, Atico Mining obtendría la licencia ambiental para La Plata este mismo año.

Las declaraciones de Iza podrían ser parte de su estrategia de campaña presidencial. Quiere posicionar su imagen pública en medio de divergencias al interior de Conaie en torno a su eventual candidatura, señalan analistas.