Persiste incertidumbre entre privados de cara a primera licitación chilena de concesión de desalinización

La primera licitación de una concesión de desalinización en Chile está a la vuelta de la esquina, pero los actores privados tienen dudas sobre las perspectivas de largo plazo para el segmento debido a la falta de reglas claras y a los elevados costos de entrada.

El proyecto de US$260 millones previsto para la Región de Coquimbo fue presentado a revisión ambiental el mes pasado, y el Ministerio de Obras Públicas (MOP) planea publicar las bases de licitación este mes, indicó la titular de la cartera, Jéssica López, en un seminario dedicado al agua y organizado por la concesionaria estatal Econssa.

“Ahí [después de la licitación] vamos a tener una mejor idea de cuán atractivo va a ser para el sector privado y, como todo proyecto, tiene desafíos importantes”, dijo a BNamericas Carlos Foxley, presidente de la asociación de desalinización y reúso de agua Acades, en el marco del evento.

Sobre la decisión de tramitar la aprobación ambiental antes de subastar la concesión, una medida inusual para el MOP, Foxley señaló que tiene la ventaja de reducir los riesgos y costos para el futuro concesionario, pero dificultará hacer cambios posteriores.

En su exposición, Foxley advirtió de los largos períodos de trámite como una de las principales barreras para la desalinización en Chile, especialmente por las concesiones marítimas, que en promedio tardan en aprobarse cuatro años, y hasta siete en algunos casos.

“No puede ser que una solicitud de concesión marítima sea una lotería”, planteó.

Foxley reconoció también los altos costos de la desalinización, pero precisó que a largo plazo resulta más barata que depender de fuentes de agua tradicionales. Mencionó los casos de Egipto, Arabia Saudita y Marruecos como países que están doblando la apuesta por la tecnología. Este último país está construyendo una de las mayores plantas de desalinización del mundo, con una capacidad de 300 millones de metros cúbicos anuales.

Esta planta por sí sola tendría mayor capacidad que todas las instalaciones de desalinización en Chile juntas, añadió.

“Si bien [la desalinización] es mucho más cara que poner un balde y juntar el agua de lluvia, es mucho más barata que traerla en un barco a cientos de kilómetros de distancia”, aseguró, en referencia a un plan fallido de Barcelona para traer agua tratada en Valencia mediante embarcaciones.

En términos normativos, Foxley señaló que el proyecto de ley de desalinización que se debate en el Congreso parecía prometedor al principio, pero podría agregar aún más burocracia debido a los cambios.

“Se le agregaron muchas indicaciones, varias de las cuales, desde nuestro punto de vista, empeoran ese proyecto original y ahora hay muchos riesgos de que se alarguen algunos permisos que se pensaban acortar”, dijo a BNamericas.

Esta preocupación es compartida por Sergio Fuentes, gerente de desalación y reúso de agua del grupo empresarial Aguas Nuevas.

“Se han hecho observaciones importantes y hay provisiones que, a nuestro juicio, van en contra del objetivo inicial de estos proyectos”, dijo Fuentes a BNamericas en el mismo evento.

Aguas Nuevas controla las empresas Aguas del Altiplano, Nueva Atacama, Aguas Araucanía, Aguas Décima y Aguas Magallanes.

Aguas del Altiplano está desarrollando actualmente un proyecto de desalinización de US$65 millones para la ciudad de Arica, mientras que Nueva Atacama opera otra planta que atiende a la Región de Atacama.

En conversación con BNamericas, Fuentes señaló que Aguas Nuevas no descarta comprar agua de plantas desalinizadoras de empresas que atiendan a múltiples clientes.