Proyecto de ley de consulta previa crea expectativas en Ecuador

Varias industrias de Ecuador, entre ellas la minera, están pendientes del trámite de un proyecto de ley para normar el proceso de consulta previa con pueblos indígenas y ancestrales, el cual fue presentado en días pasados por el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle.

La iniciativa de 28 páginas establece que la consulta previa se realizará para los proyectos que puedan generar afectación ambiental, cultural o social.

El objetivo de la consulta previa es que el Estado interactúe con los diferentes actores que pudieran resultar afectados, directa o indirectamente, por la ejecución de proyectos, actividades o decisiones administrativas relacionadas con la prospección, explotación y comercialización de recursos naturales renovables y no renovables en territorios indígenas y ancestrales.

La iniciativa establece que de existir oposición mayoritaria de los consultados, la decisión de continuar o no con el trámite para el otorgamiento del permiso ambiental será adoptada por la autoridad ambiental, y de continuar el proceso se deben detallar las acciones para minimizar los respectivos impactos.

“El proyecto es un paso muy importante porque es una deuda que el Estado tiene con las comunidades indígenas y ancestrales para precautelar sus derechos, y es también un mecanismo para otorgar certeza jurídica a la inversión extranjera en industrias sensibles”, dijo Santiago Yépez, expresidente de la expresidente de la Cámara de Minería del Ecuador, en conversación con BNamericas.  

La ley es esperada desde hace varios años por diversos sectores, especialmente los que tienen que ver con la industria extractiva, como la minería, que en Ecuador enfrenta oposición tanto de comunidades indígenas como de activistas.

En noviembre del año pasado, la Corte Constitucional ordenó a la asamblea que en el plazo de un año emita la ley sobre consulta previa, libre e informada para las comunas indígenas y pueblos ancestrales.

Al presentar la propuesta, el 8 de mayo, Kronfle señaló a los periodistas que busca cumplir la disposición del tribunal y asegurar la participación activa de las comunidades indígenas y pueblos ancestrales en la consulta.   

Según Yépez, de aprobarse la iniciativa, también se eliminará la discrecionalidad de cortes locales y de la Corte Constitucional del país que paralizan proyectos mineros por la falta de la consulta previa.

El ejecutivo añadió que la iniciativa presentada por Kronfle cumple con las disposiciones internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la materia, establecidas en el artículo 169 para la protección de pueblos indígenas y tribales.

El proyecto aún deberá cumplir con varios trámites antes de ir al pleno de la legislatura para su aprobación, por lo que el trámite demorará varios meses e incluso podría concluir el próximo año.

“Pese a que el trámite será largo, el proyecto es una buena oportunidad para obtener una normativa clara y adecuada para el avance en la toma de decisiones importantes por parte del Estado”, indicó Yépez.

La propuesta se puede descargar en la sección Documentos en la esquina superior derecha de la pantalla.