Qué escenario enfrentará la industria mexicana de TI tras las elecciones

La candidata oficialista Claudia Sheinbaum lidera las encuestas de las elecciones presidenciales en México, por lo que no se esperan grandes cambios en las políticas de telecomunicaciones, si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador aún podría impulsar una reforma constitucional con profundos efectos sobre el sector. 

Los comicios generales se celebrarán el 2 de junio y el presidente electo asumirá el sexenio el 1 de octubre.

Sheinbaum, del partido Morena, buscará llevar a la federación las políticas de TIC que implementó en la alcaldía de Ciudad de México entre 2018 y 2023.

Como cualquier aliado de López Obrador, probablemente dará continuidad al plan Internet para Todos y lanzará un nuevo satélite mexicano para telecomunicaciones.

La administración actual "no ha tenido realmente una política pública [en telecomunicaciones]. Ha tenido proyectos, pero no una política, una estrategia nacional", dijo Fernando Borjón, analista de Access Partnership y ex director general de la agencia de promoción de las inversiones Promtel, en conversación con BNamericas.

Sin embargo, esta falta de políticas tampoco puso trabas a la actividad empresarial y el gobierno logró posicionar a México como destino atractivo para las inversiones, especialmente aquellas de América del Norte.

“Quizás desde el lado de lo privado haya una continuidad de ese crecimiento orgánico de la economía y las empresas, pero sin mucha ayuda” del Estado, agregó Borjón, como anticipo a una posible elección de Sheinbaum. 

“En el caso de la plataforma de Sheinbaum, hay dos preguntas claves: si van a sostener la postura contraria a los organismos autónomos […] y cuál es la relación entre Internet para Todos y Altán”, dijo a BNamericas el analista Jesús Romo, de la consultora GlobalData. 

“Estamos hablando de un mayorista [Altán], que se ha vuelto el host principal de los OMV, y cómo se va a mantener este proveedor de red en el futuro, si hay recursos para ello, etc.; es uno de los temas más importantes”, agregó.

A diferencia de Sheinbaum, Xóchitl Gálvez, representante de una coalición conservadora formada por los partidos PRI, PAN y PRD, busca tener una política para fomentar la industria. También promete una “política de inclusión digital universal” con metas y acciones específicas para incorporar las herramientas digitales a la salud, educación y seguridad, así como un programa de universalización de la banda ancha para fortalecer las redes de telecomunicaciones e infraestructura auxiliar, como centros de datos, puntos de interconexión y arquitectura de nube.

El candidato de centroderecha Jorge Álvarez Máynez, tercero en las encuestas, hace hincapié en promover el acceso a las telecomunicaciones como un derecho, la provisión de banda ancha de forma gratuita y la instalación de infraestructura en zonas apartadas.

REFORMA CONSTITUCIONAL

A diferencia del presidente, los nuevos parlamentarios asumirán sus cargos el 1 de septiembre y, de lograr un Congreso favorable, López Obrador podría promover una reforma constitucional que tuviera un gran impacto en la regulación de las TI.

Uno de sus puntos principales de la reforma sería la desaparición de organismos autónomos, como el regulador IFT, la autoridad de la competencia Cofece y la agencia de transparencia INAI.

López Obrador ya había intentado eliminar el IFT al principio de mandato. Sin embargo, no obtuvo los apoyos para poder avanzar, aunque durante su sexenio ha recortado el presupuesto del regulador y ha demorado la designación de comisionados.

“Más allá de si haya o no un cambio constitucional, es importante ver cuál es la actitud del siguiente Ejecutivo con respecto a los órganos constitucionales autónomos y, si bien no progresó una reforma para el eliminar el IFT, vimos en el sexenio que no hace falta eliminarlos, sino que pausar o retrasar [los nombramientos] puede tener impacto en el funcionamiento de estos organismos”, apuntó Romo.

Para Borjón, el riesgo de eliminar los organismos autónomos es pasar de un modelo de regulador técnico e independiente a uno discrecional y centralizado en el Poder Ejecutivo nacional.

INTERNET PARA TODOS

El programa para llevar internet al 100% de la población con la red de fibra óptica de la empresa estatal CFE y la red inalámbrica de Altán es una de las banderas de López Obrador, y Sheinbaum promete continuar su legado.

El año pasado, Internet para Todos incorporó los servicios de Starlink para apalancar el objetivo de cobertura nacional.

De acuerdo con CFE, hay 11.996km de fibra óptica habilitada e iluminada, 2.606 torres de telecomunicaciones de la compañía en operación y 97.726 puntos de internet gratuitos, lo que permite alcanzar un 94,7% de cobertura poblacional.

COSTO DE ESPECTRO 

Uno de los reclamos de la industria de las telecomunicaciones en México tiene que ver con el costo del espectro radioeléctrico. De acuerdo con cálculos de la asociación GSMA, el pago por derechos representa el 85% del costo total del espectro. La organización señaló que México perdió 4.904 millones de pesos (US$296 millones) en ingresos en 2023 por devoluciones de espectro.  

“Es un tema muy importante que ya hemos arrastrado por mucho tiempo en el país”, dijo Romo.

Borjón no ve una oportunidad de reducir los ingresos del Estado si gana Sheinbaum.

Por otro lado, Gálvez menciona que revisará el costo del espectro con el objetivo de evitar que se convierta en una barrera para el despliegue. “Es la única plataforma que lo propone, y es un punto clave de la sostenibilidad de la industria móvil de México”, agregó Romo.

NEARSHORING

En general, los tres candidatos reconocen la oportunidad de continuar con la política de atracción de inversión extranjera mediante este fenómeno.

Sheinbaum desea fortalecer la inversión extranjera directa como motor de creación de empleos y aboga por sustituir importaciones asiáticas con producción regional. También refuerza la importancia de las obras de infraestructura. Por su parte, Gálvez y Máynez ponen foco en mejorar el sistema energético.

Gálvez también hace referencia a la necesidad de contar con seguridad jurídica para atraer inversiones y digitalizar trámites municipales para agilizar nuevas inversiones.