Qué podría esperar la minería de los candidatos presidenciales de Ecuador

El 15 de octubre los ecuatorianos elegirán, en un balotaje, al presidente que gobernará a la nación sudamericana hasta mayo de 2025, cuando debía culminar el mandato de Guillermo Lasso.

Al enfrentar una potencial destitución, Lasso disolvió la Asamblea Nacional en mayo y convocó a elecciones presidenciales y legislativas anticipadas.

El balotaje será entre el empresario Daniel Noboa, hijo del millonario bananero y cinco veces candidato presidencial Álvaro Noboa, y Luisa González, aliada del expresidente populista Rafael Correa (2007-2017). Los dos fueron los triunfadores de la primera ronda el 20 de agosto.

Según los últimos sondeos, Noboa llevaría una ventaja de casi 10 puntos sobre González.

Quien se quede con el sillón presidencial deberá enfrentar una compleja situación económica y una creciente inseguridad en medio de constantes ataques de bandas criminales locales aliadas a cárteles mexicanos del narcotráfico.

Expertos creen que este año el déficit fiscal del país se ubicará en alrededor de US$5.000 millones. Y la situación se podría agravar el próximo año si el gobierno que resulte electo da cumplimiento al mandato de una consulta popular en la que los ecuatorianos, junto con la primera vuelta electoral de agosto, resolvieron frenar la explotación petrolera en el bloque 43, más conocido como Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT).

Analistas locales ven en la minería una opción que podría ser impulsada por el próximo gobierno para inyectar liquidez en la economía y generar fuentes de trabajo, sobre todo en zonas deprimidas, porque hay al menos tres proyectos que, en el corto plazo, podrían iniciar su construcción.

Sin embargo, la actividad minera debe enfrentar una creciente oposición de parte de activistas y comunidades indígenas.

BNamericas hace un resumen de las principales propuestas de los dos candidatos en materia minera, luego de un debate en el que ahondaron en sus planes de gobierno y en el que enfatizaron que combatirán la minería ilegal, que va en ascenso, sobre todo en la Amazonía.

LUISA GONZÁLEZ

La candidata del movimiento político de izquierda Revolución Ciudadana ofrece fortalecer al sector, pero con estrictas normas medioambientales y regularizando a los pequeños mineros.

El Estado debe proteger los recursos minerales y el medioambiente para que haya una extracción ordenada y regulada, dijo la candidata.

González promete fortalecer la normativa de la Comunidad Andina de Naciones sobre la minería ilegal, crear el ministerio de minería para regular la extracción de minerales y la protección al medioambiente y revivir a la Agencia de Regulación y Control Minero.

Asimismo contempla auditar las concesiones mineras para determinar “si se está protegiendo el medioambiente y si se están entregando las regalías adecuadas, si no hay impacto negativo a las comunidades y que no exista minería ilegal”.

La candidata indicó que combatirá la minería ilegal, pero que esta no debe ser confundida con la artesanal y que, si llega a la Presidencia, en su gobierno se implementará la compra de oro.

También se refirió a la necesidad de normar la extracción y hacer un mapeo y un censo minero para determinar dónde hay posibilidad de extraer minerales con el mínimo impacto sobre la naturaleza.

González dijo que, luego de realizada la consulta previa mandatada por la Constitución para las áreas en las que existen comunidades ancestrales, se determinará si se extrae el recurso mineral o se lo deja bajo tierra.

DANIEL NOBOA

El candidato del movimiento político Acción Democrática Nacional ahondó en la cooperación y el cruce de información entre naciones para controlar la minería ilegal y formalizar a los pequeños mineros.

“Cero tolerancia a la minería ilegal, cooperación penal entre los países para los nuevos nómadas que son los mineros ilegales”, señaló el candidato presidencial.

Noboa comentó que planea utilizar tecnología de rastreo satelital en cooperación con los gobiernos de Colombia y Perú para detectar a los mineros ilegales y fortalecer las fronteras.  

Señaló además que Ecuador debe tener las normas más estrictas del mundo en materia de medioambiente, pero también debe obtener recursos para financiar los proyectos sociales.

Añadió que las nuevas tecnologías deben ser un aliado importante para proteger la biodiversidad y apoyar al país a tener un balance entre la protección del medioambiente y los beneficios económicos que permitan financiar programas sociales, fundamentalmente de salud y educación gratuita, así como programas estatales para dar incentivos a pequeños y medianos agricultores, apoyar a barrios marginales y reducir la inseguridad.

“Es necesaria la protección al medioambiente y también el desarrollo económico de la nación”, destacó.