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¿Qué pone freno al proyecto de ley del mercado de créditos de carbono en Brasil?

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¿Qué pone freno al proyecto de ley del mercado de créditos de carbono en Brasil?

El Congreso de Brasil estudia un proyecto de ley (PL 182/2024) diseñado para crear un mercado regulado de créditos de carbono en el país.

La iniciativa establece un plazo de hasta cinco años para la plena implementación del llamado sistema de comercialización de emisiones SBCE, que establece límites máximos para las emisiones y un mercado de venta de valores.

El proyecto de ley 182/2024 sustituye al 412/22 y es la continuación de la antigua propuesta legislativa 2.148/15. Se aprobó en la Cámara de Diputados en diciembre de 2023 y luego se despachó al Senado.

BNamericas conversó con tres expertos locales sobre los principales obstáculos para la aprobación del proyecto de ley por parte de los legisladores, que incluyen una intensa disputa política.

Luciana Lanna, socia de la práctica ambiental del bufete Vieira Rezende Advogados

“El texto aprobado en la Cámara Baja (proyecto de ley 182/2024) y enviado al Senado mantenía la esencia del modelo de límites máximos y comercio de emisiones, pero incluía una serie de puntos que hacían el proyecto más complejo al abordar aspectos relacionados con el mercado voluntario de carbono.

Los diputados también maniobraron para asegurarse la última palabra sobre el marco regulador del carbono, convirtiendo la propuesta en uno de los puntos centrales de la disputa entre las dos cámaras de la legislatura.

Mediante esta estrategia para consolidar su posición como cámara iniciadora y, por tanto, órgano que tendría la última palabra en el proceso legislativo, la cámara baja rechazó la propuesta aprobada por el Senado (proyecto de ley 412/2022), aunque se basó en parte de su contenido.

El texto aprobado por la Cámara Baja prescinde de aspectos relevantes del debate celebrado previamente en el Senado y añade disposiciones que abordan cuestiones no relacionadas con el mercado regulado de carbono, lo que podría distorsionar el funcionamiento del instrumento”.

Leonardo Dib Freire, socio de la práctica de energía de RMMG Advogados

“El proyecto de ley 182/2024 está detenido en el Senado debido a una disputa política entre ambas cámaras, sobre quién tendrá la última palabra al respecto. La Cámara Alta fue la que inició el proyecto de ley 412/2022, que se aprobó el 23 de octubre y se envió a los diputados, donde se vinculó al proyecto de ley 2.148/2015 (ahora 182/2024), iniciado por estos últimos.

Esto ha molestado a los senadores, hasta el punto de que se está considerando la posibilidad de que estos recuperen el proyecto de ley 412/2022 y lo envíen directamente para su aprobación presidencial. Como el presidente de la Cámara Baja, Arthur Lira, amenazó con recurrir a los tribunales si esto ocurría, el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, está sopesando cómo proceder.

Pacheco indicó recientemente a la senadora Leila Barros [probable ponente del proyecto en el Senado] que la iniciativa 182/2024 podría votarse después de la segunda vuelta de las elecciones municipales [prevista para el 27 de octubre]. Teniendo en cuenta que el mandato de Pacheco termina a fines de año, es posible que la votación tenga lugar, aunque el Senado parece tener otras prioridades en su agenda (por ejemplo, la reforma fiscal, los juegos de azar y los proyectos de enmienda constitucional [PEC] que afectan a la Corte Suprema).

También hay puntos controvertidos en el proyecto de ley 182/2024 que tendrán que ser ajustados, como los siguientes (i) la inclusión de la agroindustria en el mercado regulado (el proyecto no cubre las actividades agrícolas, como la producción de fertilizantes, o las relacionadas con los residuos sólidos, que produce muchas críticas); (ii) la clasificación jurídica de los créditos de carbono como un activo negociable con la naturaleza legal de los ingresos civiles; y (iii) la obligación de compensación ambiental para los propietarios de vehículos motorizados”.

Felipe Bittencourt, CEO de la consultora WayCarbon

“Lo más crítico, que incluso se discutió y votó en la Cámara Baja como aspecto preocupante, fue que la agroindustria no estaba incluida en este proyecto de ley. Hay muchos cuestionamientos al respecto; la agricultura es el principal contribuyente al cambio climático global en términos de emisiones de Brasil en el inventario nacional y está estrechamente relacionada con el uso de la tierra.

Este es un punto más sensible para cualquier ecologista, y cualquiera que entienda de emisiones brasileñas lo cuestionará. Pero hay otro aspecto, que es la complejidad de tener una ley que aborde este sector. Por lo general, sin duda, en todo el mundo se empieza por el sector que emite más carbono, principalmente la industria y la energía.

Hay cosas que son complejas, como la cuestión de los proyectos forestales con baja deforestación, etc., y la relación con comunidades indígenas tradicionales. Pero incluso con estos puntos complejos, es mejor tener una ley que no sea perfecta que no tener ley alguna.

Brasil va por detrás de decenas de países. El 26% de las emisiones mundiales ya están reguladas por la fiscalidad o el mercado del carbono, y no solo los países ricos. Por ejemplo, Colombia y México ya están muy por delante de Brasil en este sentido.

Nuestra dificultad tiene que ver mucho más con la situación actual en el Congreso, los tiempos políticos y realmente priorizar esta agenda. A medida que nos acercamos a la COP30 [prevista para 2025 en Brasil], esperamos que se apruebe, pero, siendo realistas, no creo que se logre en los próximos meses. Es probable que se posponga hasta el año que viene. En ese caso, Brasil tiene que comprometerse con más firmeza y ofrecer un mercado regulado, una ley, que sea una contribución que el mundo vea con buenos ojos. Es más una cuestión política que técnica”.

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