Qué significa para el presidente electo de Guatemala la suspensión de su partido

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala certificó la elección de Bernardo Arévalo como presidente, mientras continúan los intentos por socavar su victoria y la de su partido, Semilla.

La Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), cuya candidata Sandra Torres fue derrotada en la segunda vuelta el 20 de agosto, aseguró tener pruebas de irregularidades electorales, por lo que la certificación del TSE era ilegítima, según un comunicado.

En medio de estos reclamos, el registro de ciudadanos del TSE aseguró que cumplió una orden emitida en julio por otro juez y suspendió la personalidad jurídica de Semilla.

Arévalo señaló este lunes en conferencia de prensa que las maniobras no le impedirán asumir el cargo el próximo 14 de enero, dado que su victoria está certificada.

“En principio, la suspensión del Partido no implica la inhabilitación del presidente electo ni de los diputados y diputadas de asumir. Hay algunos precedentes de resoluciones de la Corte de Constitucionalidad en la materia”, dijo a BNamericas el analista político Eduardo Núñez.

“Sin embargo, va a dar pie a que haya un cierto debate, porque se está utilizando la ley contra la delincuencia organizada para ordenar la suspensión del partido, cuando lo que corresponde es el desarrollo de un proceso administrativo en el marco de una ley electoral y de partidos políticos”, agregó.

Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), declaró al diario Prensa Libre que la certificación de los resultados afecta el argumento de UNE.

“Entraríamos a un escenario de incertidumbre, porque, toda vez que el TSE confirme la validez absoluta y el buen procedimiento de la segunda vuelta, estaría dejando sin ningún tipo de lugar el recurso de la UNE. Sin embargo, estamos viviendo tiempos de oscurantismo y las esperanzas de los actores que se oponen a los resultados estarían puestas en el sistema de justicia”, afirmó.

El partido Semilla apeló la decisión el lunes con el argumento de que el proceso electoral está abierto hasta el 31 de octubre y que los partidos no pueden suspenderse durante este período. Semilla también afirmó que las incongruencias documentadas por UNE no eran lo suficientemente graves para justificar una suspensión y que no se siguió el debido proceso.

Países como España y México, y la Organización de Estados Americanos (OEA) apoyan la postura de Semilla.

Un comunicado de la OEA señala que la suspensión se basó en “una interpretación abusiva de la ley, en violación de los más elementales principios constitucionales que garantizan los derechos de los electores” e instó a poner fin a “acciones que erosionan el Estado de derecho”.

Núñez señala que no es fácil determinar los intereses detrás de esas acciones, pero existiría injerencia judicial en el proceso que va más allá del uso de los recursos que establece la ley electoral. Hasta el momento no hay evidencia de fraude, por lo que se avanza en la certificación del proceso, puntualizó.

El 24 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares en favor de Arévalo y de la vicepresidenta electa Karin Herrera (ambos en la foto) luego de que se reportaran amenazas de muerte.

La CIDH dijo que ambos se encontraban “en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”.

Núñez añade que “una vez declarado presidente electo ahora procede que se reúna con el presidente saliente [Alejandro Giammattei], establezcan las condiciones para la transición y, por supuesto, van a tener que hablar de las medidas de protección que la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad tiene que ofrecerle al nuevo presidente”.