Reestructuración de deuda es crucial para sector de hidrocarburos argentino

La actividad en el sector de hidrocarburos de Argentina dependerá en gran medida del éxito del Gobierno Nacional en la negociación con sus acreedores y la reestructuración de la deuda externa.

En momentos en que el FMI —el mayor acreedor institucional de Argentina— visita el país para una sesión informativa sobre el plan económico de la administración de Alberto Fernández, los ojos de varias industrias están sobre ellos.

La deuda se ha vuelto un tema tan apremiante que incluso dejó atrás los planes de implementar una ley para estimular el interés en el sector hidrocarburífero. El plan original era presentar un proyecto de ley en marzo, pero las autoridades ahora sugieren que podría discutirse recién en junio o incluso después, ya que no ven mayor valor en un debate antes de que se resuelva el problema de la deuda.

La reestructuración se volvió más polémica luego de que la provincia de Buenos Aires no lograra conseguir la cooperación de los tenedores de bonos y renegociar US$250mn en pagos a principios de este mes. El ministro de Hacienda, Martín Guzmán, también cambió su retórica a un tono más combativo en su discurso ante el Congreso el miércoles.

Esto sugiere que el gobierno estaría esperando una negociación más larga y endureciendo su postura para ejercer mayor influencia entre acreedores que no se muestren tan cooperadores. A raíz de esa incertidumbre, la economía podría permanecer en recesión durante varios meses más.

La consultora de riesgo político Verisk Maplecroft estima esa probabilidad en más de 70%, frente al 67% de octubre del año pasado. El principal factor de riesgo es la mayor urgencia para llegar a un acuerdo, ya que el plazo original del gobierno se considera demasiado corto para una reestructuración de esta magnitud, en primer lugar.

Las negociaciones de deuda afectan al sector local de hidrocarburos de dos importantes maneras: a las empresas internacionales los controles de capital las obligan a buscar otros mercados para inversión. Estos controles solo se levantarán después de que la economía comience a crecer, algo no probable de no mediar una renegociación exitosa. En segundo lugar, a las empresas nacionales la posibilidad de incumplimiento soberano las deja con oportunidades limitadas de obtener préstamos razonables.

Una recesión más larga también podría elevar el riesgo de que el gobierno intervenga los precios de los combustibles y reduzca los márgenes de utilidad, lo que crearía más problemas financieros, tal como sucedió en el 3T19.

Ambas posibilidades plantean una inversión moderada en el sector este año, que ya se reflejó en una pronunciada reducción de la actividad perforatoria en los últimos dos meses de 2019. Según la prensa local, la tendencia también se mantuvo en enero y debiera continuar hasta que las empresas tengan una idea más clara de qué está por venir.

Un efecto importante de la crisis será que los grandes actores de la industria podrían reducir la inversión proyectada este año, lo que afectaría a toda la cadena de producción. La petrolera estatal YPF, la compañía más grande del sector, reducirá sus inversiones en unos US$1.000mn para cumplir con vencimientos de deuda sin posibilidad de refinanciamiento, como informó anteriormente BNamericas.

DISCURSO DE DE GUZMÁN EN EL CONGRESO

Según Jimena Blanco, analista de riesgo político de Verisk Maplecroft, la posición del FMI en las negociaciones de deuda es delicada, ya que cualquier admisión directa por parte del fondo de que la deuda argentina es insostenible socavaría los intereses de los tenedores de bonos y respaldaría tácitamente recortes importantes en los pagos.

Una factor clave de presión para cualquier gobierno frente a sus acreedores es la austeridad fiscal. Los tenedores de deuda quieren tener la seguridad de que habrá fondos disponibles para pagarles; además, perciben como señal de esfuerzo que un país cubra las pérdidas mediante la implementación de recortes. Es probable que el FMI respalde medidas en esta dirección, como lo ha hecho en el pasado.

Si bien Guzmán no había sido claro sobre la austeridad en apariciones públicas anteriores, en su último discurso definió la postura del gobierno. "No hay peor opción que la austeridad en una recesión", aseguró.

"Hay mucho dinero en juego y gente que juega muy fuerte [...] Todos tendremos que definir de qué lado estamos; nosotros estamos del lado de la gente", agregó ante la cámara legislativa.

También rechazó la posibilidad de que Argentina elimine su déficit fiscal primario. Agregó que si el país pagara sus compromisos de 2020, 2021, 2022 tal como están pactados, "el ajuste fiscal que eso conllevaría destruiría del todo la economía".

“La situación es dura. Si se dejase la inercia, recién en el año 2026 la economía podría alcanzar el equilibrio fiscal, si no se hiciese nada, o sea si no cambiamos el modelo”, manifestó el ministro.

Este año, asegura que una reducción del déficit fiscal no sería sostenible. En cambio, el plan del gobierno apunta a alcanzar un equilibrio en 2023 para no profundizar la recesión con un ajuste fiscal inoportuno. Si la economía se recuperara y creciera 2% anual, sería posible un superávit fiscal de 1% del PIB para 2026 a través de algunos recortes presupuestarios más conservadores.

Un pronóstico razonable y sostenible —aunque menos optimista— también permitiría al país, según Guzmán, emitir bonos a tasas de interés más austeras que el cupón promedio de 7% que ha ofrecido Argentina en los últimos años. También admitió que este escenario "provocará frustración" entre los tenedores de bonos, a pesar de que lo ve como la única opción realista.

"No vamos a permitir que fondos de inversión extranjeros marquen la pauta de la política macroeconómica", finalizó Guzmán.