Regulador insta a la acción en proyecto de reforma ante las bajas pensiones en Chile

El sistema de pensiones de Chile necesita una revisión para fortalecer la red de seguridad social y abordar el problema apremiante de los bajos montos pagados a los jubilados, algo que pocos rebatirían.

La principal tarea ahora para los legisladores, que actualmente debaten un importante proyecto de reforma, es lograr acuerdos en varios puntos en disputa. El principal de ellos es determinar quién administrará un aumento planificado de 4% en las contribuciones, medida que se introducirá entre 2020 y 2027 y que debieran asumir los empleadores.

Esa fue una de las conclusiones claves de un taller de prensa organizado por el banco local Itaú, instancia en que el titular del regulador de pensiones SP, Osvaldo Macías, describió los cambios planeados.

Macías dijo que estaba optimista en relación al hecho de que los legisladores suelen estar de acuerdo en los pilares principales del proyecto de ley.

La propuesta legislativa, que entró en el Congreso en octubre, se encuentra en la comisión de trabajo y seguridad social de la Cámara Baja, donde se debe someter a votación el próximo mes. El ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, dijo que espera que el proyecto de ley entre en vigencia este año, y advirtió sobre la desafección de los votantes si el proyecto se atasca.

"Es una reforma muy positiva y debería legislarse cuanto antes", dijo Macías, citando la necesidad de mejorar las pensiones "muy bajas".

El proyecto de ley del presidente de centro-derecha Sebastián Piñera contiene medidas diseñadas para impulsar la competencia y la transparencia, fortalecer la red de seguridad social para las personas mayores, apoyar a la clase media — especialmente a las mujeres— y aumentar el monto de las pensiones en el marco del sistema previsional local de AFP. Un pilar esencial es el alza de 4% en las contribuciones. También contiene medidas para alentar a los trabajadores a posponer la jubilación.

CONTENIDO RELACIONADO El problema de las pensiónes en América Latina

Los legisladores no están de acuerdo sobre qué sector (privado o público) debe administrar los fondos generados por el aumento previsto de las contribuciones previsionales. Parlamentarios de izquierda quieren que el Estado administre los fondos.

Otro motivo de discordia es si los impuestos o las contribuciones deben usarse para fortalecer el pilar de la pensión solidaria del país.  Los planes previsionales de Piñera implican un costo anual de US$3.500mn, financiados a través de ingresos fiscales.

CONTENIDO RELACIONADO Presión por pensiones crece ante envejecimiento de América Latina

El sistema de administradores de fondos de pensiones (AFP) privados de Chile, donde los trabajadores asignan el 10% de su salario mensual bruto a su pensión, fue diseñado para ser más sostenible que un plan público tradicional de pensiones, pero factores como las bajas tasas de contribución y retornos, junto con el aumento de la esperanza de vida, lleva a muchos chilenos a jubilarse con pensiones escasas.

MAYOR COMPETENCIA

El proyecto de ley abre la puerta para que las instituciones privadas de seguridad social (CCAF) y las cooperativas de ahorro y préstamo del país ingresen al ámbito de las AFP constituyendo filiales. Seis AFP operan en el mercado local y una séptima recibió recientemente luz verde para establecerse.

Además, el proyecto de ley permite que las CCAF, las cooperativas y las compañías de seguros establezcan unidades que administren el 4% de la contribución del empleador.

Piñera también planea introducir un plan que ayude a cubrir los aportes previsionales durante los períodos de desempleo.

OPORTUNIDADES PARA LOS SEGUROS DE VIDA

El plan de Piñera establece un subsidio de dependencia y un plan de seguro para ayudar a las personas mayores de 65 años que ya no pueden cuidarse por sí solas.

La población de Chile está envejeciendo rápidamente. Se prevé que la cantidad de personas mayores de 65 años, actualmente 2,16 millones, se duplicará en 20 años.

Según el plan de Piñera, el Estado pagará subsidios de hasta 80.000 pesos (US$118) al mes a las personas de los segmentos más pobres de la población y que no son elegibles para el seguro de dependencia.

Bajo el elemento de seguro de dependencia, un empleador paga el 0,2% del ingreso mensual sujeto a impuestos del empleado a un fondo gestionado por un administrador privado. A su vez, este administrador lanzaría una licitación para contratar a una o más aseguradoras de vida, que brindaría cobertura.

Los fondos acumulados se utilizarían para adquirir una renta vitalicia. Para calificar, los hombres deben registrar un mínimo de 60 contribuciones mensuales y las mujeres, 48. Bajo este elemento, una renta vitalicia pagaría cerca de US$8 por cada 12 meses de contribuciones y se establecería un pago mínimo mensual de US$125.

ACTIVOS ALTERNATIVOS

Macías dijo que las seis AFP, con la excepción de AFP Modelo, habían presentado los documentos de pólizas necesarios para comenzar a invertir en activos alternativos. Modelo está en proceso de hacerlo.

En 2017, las AFP recibieron luz verde de SP para invertir en este tipo de activos, que incluyen bienes raíces y servicios de infraestructura.

Un objetivo clave de la medida es ayudar a aumentar los retornos de inversión de las AFP.

Las autoridades tienen límites de inversión y Macías dijo que no había planes inmediatos para cambiarlos. El Banco Central tiene la autoridad para modificarlos si lo considera necesario.