Restricciones fiscales en Chile resaltan importancia de cooperación público-privada

La situación fiscal de Chile ha seguido deteriorándose este año, al no alcanzarse los ingresos fiscales previstos, lo que deja al sector público con un margen limitado para incrementar el gasto y subraya la importancia de la cooperación público-privada, según Hermann González, vicepresidente del Consejo Fiscal Autónomo (CFA).

“Hay pocos espacios para gastos adicionales. Las finanzas públicas están bien estresadas y se requieren esfuerzos en varias direcciones. No hay una bala de plata”, dijo González a BNamericas después de un seminario sobre finanzas públicas organizado por el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica de Chile (Clapes UC), donde también se desempeña como coordinador macroeconómico.

A fines de septiembre, se proyectaba que los ingresos fiscales totales alcanzarían los 57,6 billones de pesos (US$60.500 millones) para el año, un aumento de 10,6% respecto de 2023, pero casi 500.000 millones de pesos menos de lo previsto a fines de junio, según datos del Ministerio de Hacienda.

“Es difícil poder proyectar la operación renta [del 1 de abril al 30 de mayo]. Es por eso que hay que aprender a ser más prudente a la hora de proyectar ingresos y asignar gastos”, señaló González.

Se espera que este déficit se traduzca en un desequilibrio presupuestario del 2,3% del PIB, por encima del objetivo del 1,9% establecido a principios de año.

El proyecto de ley de presupuesto 2025, actualmente en estudio en el Congreso, asigna 82,5 billones de pesos para el gasto público, un 2,71% más que el de 2024 y el aumento más bajo desde 2019, antes del estallido social y la pandemia de COVID-19, que impulsaron un mayor gasto social.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) podría experimentar cambios mínimos en su presupuesto de inversión en virtud de la propuesta legislativa. Sin embargo, el MOP también planea realizar inversiones por US$1.030 millones el próximo año a través de concesiones, con 22 contratos que implican desembolsos por US$11.700 millones que se subastarán entre fines de 2024 y 2025.

“En un escenario de bajas holguras fiscales que se está viendo, y se va a seguir viendo, hay una oportunidad para que se materialicen más asociaciones público-privadas para la inversión que es necesaria en el país”, indicó González al ser consultado sobre si las perspectivas de las finanzas públicas podrían llevar a más concesiones de infraestructura.

Las autoridades chilenas también trabajan con el sector privado en proyectos de litio e hidrógeno verde.