Sector minero ecuatoriano se muestra optimista ante orden de Noboa de reabrir catastro

El sector minero ecuatoriano confía en que los esfuerzos del presidente Daniel Noboa por reabrir y actualizar el catastro minero en un plazo de seis meses ayuden a promover la industria, al tiempo que se frena la extracción ilegal de oro.

Noboa firmó un decreto ejecutivo la semana pasada, en el que ordena que el catastro debe estar en funcionamiento en un plazo de seis meses e incluir el registro de concesiones, autorizaciones, licencias, registros, certificados y permisos otorgados, revocados y cancelados.

“La mejor manera de combatir la minería ilegal es por el lado legal. Los registros y permisos que el Ministerio de Ambiente y Agua históricamente ha demorado deben tramitarse en 6 meses, con ello las plantas de beneficio que actúan fuera de la ley ya no podrían continuar lavando material ilícito”, dijo a BNamericas Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minas.

El catastro se mantiene cerrado desde 2018, por lo que desde esa fecha no se han otorgado nuevas concesiones a empresas privadas.

Benalcázar sostuvo que el jefe de Estado quiere terminar su mandato con el catastro minero abierto y dejar estructurado el nuevo Consejo de Seguridad Minera. Las elecciones están programadas para febrero de 2025, y Noboa se postula para un segundo período.

Noboa pidió a los ministerios de Ambiente, Energía y Minas y la agencia reguladora Arcom, en colaboración con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, la coordinación de acciones para identificar actividades ilícitas de recursos mineros.

Según datos del Ministerio de Energía y Minas, 19 de las 24 provincias que conforman el país sufren los efectos de la actividad ilegal, pero los focos más preocupantes están en las provincias de Esmeraldas, Imbabura y Azuay.

En septiembre, fiscales y efectivos de la Policía allanaron oficinas de la cartera y de Arcom, como parte de una investigación para combatir la corrupción en el sector minero.

Investigaciones preliminares detectaron la emisión irregular de 652 concesiones mineras a nivel nacional, así como un incremento significativo en las plantas de beneficio de oro.

Según el último estudio del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA, la proximidad de las operaciones mineras ilegales con las fronteras de Colombia y Perú facilita flujos transfronterizos esenciales para el comercio ilícito de oro, como el contrabando de explosivos, mercurio y armas, así como la migración de mineros ilegales.