
Siguen cuestionamientos a participación militar en proyectos de infraestructura en México

Tras asumir el cargo el 1 de octubre y contrariamente a las expectativas de la industria privada de la construcción, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la intervención de las Fuerzas Armadas de México en la construcción de proyectos estratégicos de infraestructura, tendencia iniciada por su predecesor, Andrés Manuel López Obrador.
Esta modalidad podría afectar los procesos de adquisiciones y construcción, ya que las secretarías de Defensa y de Marina no siempre cuentan con la capacidad técnica o la experiencia para llevar a cabo este tipo de proyectos, aseguran expertos.
De ser así, podría ser necesaria la participación de entidades privadas con experiencia en estas iniciativas.
“No que sea más difícil [trabajar con el Ejército], pero creo que sí hay diferencia. En algunas ocasiones ha llevado también a hacer un poco de ‘labor educativa’, porque no conocían estos temas de infraestructura con la profundidad que sus colegas de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes”, dijo a BNamericas Sergio Chagoya, experto en inversiones en infraestructura del estudio jurídico Santamarina + Steta.
“Es entendible que no tengan todas esas capacidades esas secretarías, en mi opinión, y por eso también se va a requerir el concurso de la iniciativa privada”, agregó.
Durante su campaña electoral, Sheinbaum aseguró a los representantes de la cámara de la industria de la construcción CMIC que la participación privada sería fundamental en su plan nacional de infraestructura.
El presidente de CMIC, Luis Méndez Jaled, señaló en julio que estaba optimista y confiado en el regreso de las asociaciones público-privadas para proyectos de infraestructura y energía, considerando el ambicioso plan presentado por Sheinbaum, que requeriría más recursos de los que el gobierno podría aportar.
“Queremos creerle a nuestra presidenta. Tiene un plan muy ambicioso de infraestructura y habla de colaboración. En una plática con ella, nos tocó, como institución, preguntarle directamente cuál era su plan, qué tanto iba a participar la iniciativa privada, y comentó que sí, que al 100%”, expresó Méndez Jaled.
Sin embargo, contrario a lo esperado, el nuevo secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, afirmó durante su primer discurso en el cargo que el Ejército seguirá siendo un “aliado estratégico” en el desarrollo de infraestructura y proyectos prioritarios. El mensaje fue refrendado por Sheinbaum el 6 de octubre, durante la ceremonia de inicio de su primer proyecto emblemático de infraestructura, la línea ferroviaria AIFA-Pachuca, que será construido por el Ejército.
Si bien Méndez Jaled se mostró decepcionado por la decisión, dijo que la cámara buscará acercarse al equipo de Sheinbaum para sugerir esquemas de financiamiento mixtos, dadas las numerosas obras que la presidenta pretende construir y el presupuesto, que contiene importantes partidas de gasto social, todo ello en un contexto del mayor déficit registrado en la historia reciente de México.
“Estamos de acuerdo en que, cuando las obras tengan que ver con un tema de seguridad nacional, pues bienvenida [la participación militar]. En otras circunstancias, los constructores son los que deben de estar llevando a cabo estas obras”, dijo el 8 de octubre. “No va a haber recurso que alcance para todo [proyecto de infraestructura]. Aquí es donde entran las inversiones mixtas, que es donde estamos con su equipo por acercarnos por estos planteamientos y propuestas”.
Durante su administración, López Obrador afirmó que el uso del Ejército tenía como objetivo realizar proyectos a menor costo y deshacerse de las asociaciones público-privadas, que no necesariamente eran beneficiosas para el Gobierno mexicano.
Si bien el expresidente se refirió durante sus conferencias de prensa matutinas a los importantes ahorros que trajo consigo esta modalidad, no hay información sobre esas eficiencias disponible para verificación.
Roberto Hernández, abogado y experto en derecho internacional de la construcción, señala que la opacidad en el uso de los fondos es uno de los problemas que la administración de Sheinbaum también adoptaría de continuar con esta política.
“El tema con las Fuerzas Armadas no es si lo hacen bien o lo hacen mal. Lo que pasa ahora es que los proyectos que tienen fueron declarados de seguridad nacional. Al hacerse parte de seguridad nacional, su información no es pública y, por lo tanto, la trazabilidad y la auditoría que se pueden dar, pues ya no es así. Literalmente es una caja negra”, explicó.
Según la CMIC, de los 683.000 millones de pesos (US$35.200 millones) asignados al desarrollo de infraestructura en 2023, solo el 26% (184.000 millones de pesos) pudo ser vigilado y contabilizado.
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