TENDENCIAS: ¿Está ganando Perú la batalla contras las mineras ilegales?
Poco después de asumir como presidente en julio del 2011, Ollanta Humala acaparó los titulares cuando anunció una campaña para desbaratar la minería ilegal, sector al cual se responsabiliza de la contaminación de ríos, deforestación, lavado de dinero, evasión de impuestos, corrupción y prostitución.
Casi tres años y medio después, los críticos señalan que -a pesar de los arrestos, operativos militares en la selva amazónica y la incautación de oro, equipos y productos químicos- la batalla hasta ahora ha tenido escasos resultados. Menos del 15% de los mineros informales que se calcula existen en el país se han incorporado a un proceso de formalización, y si bien las exportaciones del metal amarillo han caído como consecuencia de la campaña, se cree que los mineros emplazados a lo largo de las escurridizas fronteras de Perú estarían contrabandeando oro hacia Bolivia.
Los operativos militares, que en algún momento se llevaron a cabo una vez por semana y contaron con una importante cobertura mediática bajo el mando de Daniel Urresti, quien entonces ejercía como alto comisionado para la formalización minera, se han reducido desde que el funcionario fue nombrado ministro del Interior en junio. Asimismo, Humala enfrenta acusaciones de que durante sus campañas del 2006 y el 2011 habría recibido dineros de las mismas asociaciones mineras a pequeña escala cuyas dragas y campamentos fueron dinamitados por los militares.
"En realidad, tenemos un Estado ignorante que pocas veces se entera de cómo es el país que tiene que gobernar", señaló el economista Roberto Abusada. "Pero no se le ocurre formalizar a los 200.000 mineros de socavón de costa y sierra promoviendo la creación de plantas de beneficio de minerales, donde en un solo lugar podría controlar toda la actividad minera artesanal".
Esta semana el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) propuso financiar las operaciones de minería a pequeña escala con miras a ayudar a los mineros a formalizar sus concesiones y cumplir con la normativa ambiental. Los bancos podrían otorgar US$100.000 en financiamiento como garantía estatal, en tanto que las concesionarias mineras tendrían un plazo de cuatro meses para registrar sus concesiones y formar parte del proceso de formalización, señaló Humberto García, miembro del CIP, durante una conferencia minera en Lima.
Las asociaciones de mineras a pequeña escala culpan al sistema exageradamente complejo por el hecho de que menos de 30.000 mineros informales hayan logrado registrarse antes de que concluyera el plazo de formalización en abril, proceso que además generó masivas protestas.
Parte del problema que enfrenta el gobierno de Humala es la escala del sector minero ilegal, que ahora se estima opera en al menos 10 de las 25 regiones, incluidas vastas áreas de la Amazonía y a lo largo de la costa. La Institución Carnegie para la Ciencia de Stanford publicó el año pasado un estudio que muestra que la extensión geográfica de la minería aurífera en la Amazonía peruana creció 400% a 50.000ha entre 1999 y el 2012, como consecuencia de que el precio del oro se incrementó siete veces y para el 2011 había superado los US$1.900/oz.
Los mineros informales e ilegales, que generan ingresos anuales por aproximadamente US$3.000mn, representaron cerca del 12% de las 161t de oro que se produjeron en Perú en el 2012, informó el Ministerio de Energía y Minas. Hasta la fecha, la agencia fiscal Sunat ha incautado 2t de oro de despachos ilegales.
Aunque se prevé que el número de operativos militares no será suficiente para cumplir la promesa del gobierno de erradicar totalmente la minería ilícita en Madre de Dios -región que cubre 5,5 millones de hectáreas- esta semana por primera vez la Policía allanó una operación no autorizada en la Región Piura, en la costa norte, en tanto que otros operativos este año apuntaron a las regiones de Puno, Cusco, Ica, Pasco y La Libertad.
Y, mientras las exportaciones peruanas de oro han mermado, Bolivia -importante productor de zinc y estaño que produce pequeñas cantidades del metal amarillo- ha registrado un auge de las ventas. Los despachos peruanos al extranjero retrocedieron 37,4% en términos de valor a US$3.942mn en los primeros nueve meses, puesto que el volumen disminuyó 30% a 3,06 millones de onzas. En el mismo período, las exportaciones bolivianas de oro crecieron casi cinco veces a US$1.090mn.
Antes del 2011, era este último país el que contrabandeaba y el oro se enviaba a Perú a fin de evadir impuestos, según el exministro de Minería de Bolivia Héctor Córdova. El precio del oro en Bolivia ha caído como resultado de la entrada de minerales peruanos, indicó Edmundo Polo, presidente de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco), citado por Reuters.
Entre tanto, el Gobierno peruano dejó en claro que ha minimizado el tema al excluir la minería ilegal de la agenda de la conferencia sobre cambio climático de la ONU COP20 que se realizará el próximo mes en Lima, según la asociación minera local SNMPE.
"Es preocupante que el Ministerio del Ambiente en la elaboración del plan Cambio Climático que contiene 77 medidas para enfrentar los efectos del calentamiento global no haya convocado la participación del sector privado", manifestó la presidenta de la SNMPE, Eva Arias, en un evento minero en Lima. "Es por ello que, para los efectos del calentamiento global, es importante que las autoridades presten una atención adicional a la minería ilegal, en la medida que la deforestación representa cerca del 41% de las emisiones".
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